TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el consenso de las bancadas legislativas, este miércoles 2 de agosto se aprobó en el Congreso Nacional la derogación del decreto 116-2019, que daba vida al Fondo Departamental.
La ley, derogada con 78 votos a favor, representaba un obstáculo para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).
El dictamen se dio por mayoría simple, con la oposición de la bancada del Partido Nacional a excepción de un voto a favor. Inicialmente se buscaba derogarla con el apoyo de la mayoría calificada (86 votos), sin embargo se hizo una interpretación mediante la comisión de asuntos constitucionales.
“Le devolvemos la facultad al Ministerio Público de poder ejercer la acción penal en contra de los corruptos y de los funcionarios públicos. El pacto le condicionaba el ejercicio de la acción penal si así lo consideraba el Tribunal Superior de Cuentas”, refirió el diputado Ramón Barrios tras la derogación.
Agregó que “la mayoría de las sentencias absolutorias se dieron porque el TSC nunca le devolvió esa facultad al Ministerio Público”.
Entretanto que la diputada Ligia Ramos calificó la derogación como un hecho histórico.
Reacciones
El Consejo Nacional Anticorrupción fue uno de los primeros en reaccionar a la derogación y a la vez criticó que a la fecha el Legislativo no haya brindado un informe sobre las liquidaciones por la entrega del bono navideño, veraniego y otros otorgados bajo el Fondo Departamental.