TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La iniciativa ciudadana en contra de la vigencia del nuevo Código Penal fue recibida ayer por la Secretaría del Congreso Nacional junto con un total de 7,152 firmas de ciudadanos.
Las rúbricas acompañadas de los nombres, números de identidad y huellas dactilares de las personas que respaldaron este documento se encontraban en 904 hojas debidamente foliadas, de acuerdo con la constancia de recepción de documentos firmada por el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, Moisés Ulloa y Diego Sánchez, en representación de las organizaciones que promueven el mecanismo. La proposición exige que el conjunto de normas no entre en vigor por considerar que es lesivo a los intereses de la patria.
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“Las personas que apoyan esta iniciativa de ley al mismo tiempo son del criterio que se debe construir un Código Penal que sea socializado y discutido con todos los sectores, grupos, gremios y organismos a fin que puedan tener incidencia y participación en la construcción de una nueva ley congruente con la realidad nacional”, subraya parte del documento.
Movilización
Un grupo de personas aglutinadas en más de 35 organizaciones de la sociedad civil se movilizaron ayer de forma pacífica desde las instalaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hasta los bajos del CN.
La acción fue encabezada por la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, junto con el jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos de esta organización, Odir Fernández. Asimismo, participó la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, algunos políticos y profesionales del Derecho.
Mientras que varios simpatizantes del Partido Liberal alzaron su voz en contra de este instrumento jurídico en una marcha con rumbo a Casa Presidencial.
Faltan 23 días para que el marco legal que rebaja penas en distintos ilícitos entre en vigencia y favorezca a imputados que enfrentan causas judiciales o a aquellos que tienen
una sentencia.
Trámite
Directivos del Congreso aseguraron a EL HERALDO que se le dará trámite correspondiente a esta iniciativa, cuya documentación de respaldo se remitirá al Registro Nacional de las Personas (RNP) para que realice su verificación. Al momento que se proceda a la discusión y aprobación de esta proposición ante el pleno de diputados se deben designar a diez ciudadanos que participarán en el debate con voz, pero sin voto.
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Las personas propuestas en este sentido son: Gabriela Castellanos, Suyapa Figueroa, Moisés Ulloa, Maribel Espinoza y Diego Sánchez. También, se designa para esta finalidad a Marcio Noé Silva, Waldo Rivera, Georgina Sierra, German Cálix al igual que Wilmer Vásquez. “El pueblo no quiere que entre (en vigencia) un Código Penal de la impunidad, donde se está blindando exclusivamente aquellas personas que están siendo investigadas o que fueron investigadas, que ya tienen una sentencia, pero que todavía no es firme; no es posible que el Congreso Nacional haga de oídos sordos al pueblo donde se les dice paren esa entrada en vigencia el 10 de noviembre”, señaló Castellanos en la parte final de la manifestación.
