El Congreso Nacional que preside Luis Redondo aprobó ayer en sesión legislativa un decreto que establece en su primer artículo que “se declara inexistente por considerarse un ataque ilegítimo e ilegal a la plena vigencia constitucional cualquier reforma constitucional, ley secundaria o resolución judicial mediante las cuales se pretendió o en cualquier tiempo se pretenda derogar o reformar tácita, directa o indirectamente las normas intangibles o pétreas, cuya derogatoria o modificación se encuentra expresamente prohibida, conforme al artículo 374 de la Constitución”.
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La forma de gobierno republicana, democrática y representativa queda reafirmada en cumplimiento de la inalterabilidad de normas intangibles de la Carta Magna que protegen la equidad natural y la plena vigencia constitucional, subraya la segunda disposición del dictamen que fue respaldado por la mayoría de los diputados que participaron en la reunión que tuvo lugar en el hemiciclo.
Todos aquellos exfuncionarios, exlegisladores y servidores públicos que hayan atentado o busquen dañar la norma suprema, incluyendo el decreto admitido, serán castigados por el delito de traición a la patria de conformidad al artículo 375 constitucional.
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“El funcionario público que haya infringido o infrinja las normas intangibles contenidas en la Constitución de la República o el presente decreto incurrirá en responsabilidad, de conformidad con los artículos 321 y 375 de la Constitución y los delitos u penas establecidas en los artículos 555 y 562 del Código Penal vigente”, estipula el segundo párrafo del artículo tres.
Críticas
El parlamentario de Libertad y Reundación (Libre), Jari Dixon al igual que Yuri Sabas del Partido Liberal sostuvieron que las conocidas como ciudades modelo seguirán operando, mientras no sea abolida la Ley Orgánica de las ZEDE contenida en el decreto 120-2013 y en cuyo artículo 45 establece que se requiere de 86 votos a favor para ese fin o en su defecto modificarla o interpretarla.
Por otro lado, se presentó una iniciativa para instruir a la Procuraduría General de la República (PGR) a que proceda a analizar el contenido del contrato del cobro de peaje en la carretera CA5, procediendo a su inmediata nulidad.
