Tegucigalpa, Honduras
Mediante dos resoluciones de noviembre de 2016, el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) no solo multó e inhabilitó permanentemente a diez directivos de la cooperativa Sagrada Familia, sino que también ordenó una segunda intervención a esa entidad financiera, esta vez de forma total.
El 23 de septiembre de 2016 el Consucoop recibió un informe de los hallazgos encontrados por la primera comisión interventora, que fue suspendida luego por orden de lo Contencioso Administrativo.
Con estos hallazgos, el 26 de septiembre el Consucoop emitió una providencia mediante la cual determinó inhabilitar temporalmente a los directivos Marcial Enrique Baquedano, Manuel Ernesto López, Andrés Avelino Ávila, Lenín Ernesto Martínez, Xiomara Zulema Aguilar, Hugo Chávez Mayorquín, Mario Alberto Andino, Marlon Antonio Martínez, Félix Antonio Corrales y Víctor Manuel Montes Molina, todos representados por la abogada Alejandra Suárez Fortín.
Asimismo, les notificó que se iniciaba un proceso sancionatorio y que debían presentar descargos a una serie de señalamientos de actos que encontró la Comisión Interventora.
Con los requeridos no desvirtuaron “totalmente los incumplimientos consignados en el informe preliminar”, el 9 de noviembre de 2016 la Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito emitió la resolución SCACR-06/2016.
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Castigo
Uno de los considerandos de esta resolución dice “que los actos ejecutados por los miembros de la junta directiva constituyen acciones conscientes y deliberadas que no conllevan ningún atenuante a su favor, sino que al contrario, el provecho económico que evidentemente han tenido” en menoscabo a los intereses generales de los afiliados de la cooperativa Sagrada Familia.
Señala que por razón del cargo que ostentan y sus responsabilidades, los directivos deben actuar con “la diligencia y el cuidado que se emplea en la administración de los negocios ajenos”.
Ante tal situación, la Superintendencia determina que Manuel Ernesto López, Lenín Ernesto Martínez, Xiomara Zulema Aguilar, Hugo Chávez Mayorquín, Mario Alberto Andino, Marlon Antonio Martínez, Félix Antonio Corrales y Víctor Manuel Montes Molina, por el grado de participación en las faltas cometidas, además de otras sanciones por la gravedad de sus actos, deben ser sancionados con una multa, cada uno de ellos, de 143,893.20 lempiras, equivalente a 15 salarios mínimos.
Asimismo, establece que Marcial Baquedano y Andrés Avelino á vila, “siendo que su participación en las infracciones opera una vez que comenzaron en el ejercicio de sus cargo, es decir a partir del 30 de abril de 2016, deben ser sancionados con una multa inferior cada uno por 57,557.28 lempiras, equivalente a seis salarios mínimos.
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De igual manera, manda que las multas sean pagadas al Consucoop dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.
En la misma resolución, la Superintendencia ordena la inhabilitación permanente -de los diez directivos- “para el ejercicio de cargos de dirección y vigilancia en el sistema Cooperativo Hondureño, a raíz de los hallazgos de orden financiero, los cuales constituyen una falta grave por ser contrario a los intereses generales de los afiliados”.
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Como consecuencia de esta segunda inhabilitación ordena removerlos definitivamente de los cargos en la junta directiva y junta de vigilancia de la cooperativa Sagrada Familia.
Además declara sin lugar el recurso de reposición promovido por la abogada Suárez Fortín contra la providencia del 26 de septiembre de 2016 en vista de que han cesado los efectos preventivos de la inhabilitación temporal establecida en dicha providencia.
Pide remitir el expediente al Ministerio Público, junto con el informe, denuncia formal y demás diligencias que correspondan.
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Intervención total
El 22 de noviembre de 2016, basados la investigación de la Comisión Interventora, el Consucoop emite la resolución número 002-22-11-2016 determinando la intervención total de la cooperativa Sagrada Familia.
Según esta resolución, la Comisión Interventora encontró que los miembros de la junta directiva y junta de vigilancia, inhabilitados, se otorgaron un anticipo de viáticos por un monto de 395,197.55, identificando solicitudes “que carecen de firma” y “a pesar de ellos los fondos fueron erogados”.
También se señala a Marcial Enrique Baquedano por suscribir con Suárez Fortín un contrato de nueve millones de lempiras “para la defensa en contra de los acuerdos y resoluciones emitidas por el Consucoop.
Se señala que el contrato “conlleva la defensa de intereses de índole personal más no de índole institucional de la cooperativa Sagrada Familia”.
Ante esta y otras acciones encontradas, para evitar acciones que impidan los abusos que pongan en precario los fondos de los afiliados y los principios del cooperativismo, el Consucoop decreta “la intervención total de la cooperativa Sagrada Familia a fin de garantizar su plena gobernanza y en aras de proteger y salvaguardar el interés público colectivo e los afiliados de la misma y del sistema cooperativo nacional”.
Unas 900cooperativas registra el país. Alrededor de 230 son de ahorro y crédito, el resto son de subsectores como vivienda y agricultura. |
Nombra a Yolany Isabel Cambar Palada, Rubén Ariel Yánez González y Horacio Enrique Ruíz López como interventores, sin embargo, esta comisión no logró ingresar a la cooperativa, por lo que actualmente su labor la está realizando en las instalaciones del Consucoop.
Ante estas circunstancias, el 28 de marzo de 2017, la junta directiva del Consucoop emitió la resolución número 001-28-03-2017 en la cual se hace ver que a la fecha los miembros inhabilitados de la junta directiva y junta de vigilancia de la cooperativa siguen de hecho en el ejercicio de sus cargos, a sabiendas de que fueron inhabilitados primero temporal y luego permanentemente.
Que “dentro de ese ejercicio de hecho continúan recibiendo comisiones y dietas, suscriben contratos y realizan actos de administración con el concurso del gerente general y otros empleados de la cooperativa.
Asimismo, establece que del 30 de septiembre a la fecha han hecho erogaciones de 3,234,048.89 lempiras por concepto de dietas, viáticos y bonificaciones.
Debido a la situación de riesgo y el impacto social que las deficiencias administrativas y financieras pueden llegar a provocar en la cooperativa en perjuicio de los afiliados, la junta directiva del Consucoop resuelve poner en conocimiento del Ministerio Público, a través del fiscal general y el director de fiscales, el contenido de la presente resolución.
Asimismo, instruye a la asesoría legal del Consucoop para que acuda a la fiscalía correspondiente a interponer denuncia contra quienes estando inhabilitados continúan ejerciendo de hecho los cargos dentro de la junta directiva y de vigilancia de la cooperativa Sagrada familia.
