TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El tan cuestionado Fondo Departamental otorgado a los diputados del Congreso Nacional, nuevamente está en el ojo del huracán, tras conocerse las irregularidades que se dieron en la administración de estos fondos en años pasados.
Un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) devela el despilfarro de dinero que se dio entre los años 2007 y 2018, con estos fondos que fueron proporcionados a cientos de legisladores durante esos 11 años.
Durante ese tiempo el Congreso Nacional desembolso a los congresistas 2,340 millones de lempiras, sin embargo, solo la ínfima cantidad de un poco más de 62 millones, fue auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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En 2006 se creó el Fondo Especial para el Desarrollo Social con el 1% del monto asignado para los programas presupuestarios, con algunos ministerios excluidos.
Dos años más tarde, en 2008, el Congreso toma el control de este dinero y el Fondo Social de Planificación Departamental fue dotado de 450 millones de lempiras.
Para el 2011, el Fondo de Desarrollo Departamental pasa a ser controlado directamente por presidente del Poder Legislativo, en este caso Juan Orlando Hernández Alvarado.
Un nuevo reglamento de aplicación de los fondos se hizo oficial en 2012, en el que solo se benefició a los diputados del partido de gobierno, en este caso el Partido Nacional.
Los proyectos fueron sobrevalorados vulgarmente
Uno de los tantos casos en los que los diputados, mediante Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se dio en el departamento de Choluteca.
Al entonces diputado y que un año después fue presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, le fue asignado un presupuesto de 2,800,000 para fumigaciones para combatir el dengue en los municipios de Marcovia.
Morolica, Apacilagua, Namasigüe, San José, San Isidro y El Corpus. Esto ocurrió en el año 2013.
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Entre las inconsistencias del informe de gastos presentado por la ONG, destacan que las planillas de pago carecían de fecha de elaboración, periodo y concepto de pago y nunca se presentó el informe final del proyecto, ni la documentación legal de la ONG que lo ejecutó.
Otro de los casos data en que el diputado Augusto Cruz Asensio, del Partido Demócrata Cristiano se le adjudicaron 600 mil lempiras para organizar un taller para jóvenes en el Distrito Central.
La ONG ligada a Cruz Asencio no presentó el informe de liquidación y además se detectó falsedad en la narración de los hechos, según ASJ.
De las 38 auditorías realizadas por el TSC a los Fondos Departamentales en ese lapso, detectó hallazgos de irregularidad en seis proyectos ejecutados en Choluteca, siete en El Paraíso, nueve en Francisco Morazán e igual número en Valle y siete en Santa Bárbara.
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De acuerdo con ASJ, el TSC debió de revisar si habían conflictos de interés entre las ONG y el diputado que gestionaba los fondos; si habían lazos de consanguinidad o vínculos políticos o afinidad y favoritismo. En conclusión, solo el 2.6 por ciento de los fondos que fueron erogados por el Congreso Nacional, fueron auditados por el TSC.
Dados estos hallazgos de corrupción, la ASJ recomendó intervenir a la Dirección de Auditorías Especiales del TSC mediante una comisión independiente e interpelar a los magistrados de este organismo que estuvieron al frente en ese momento.
