La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció este miércoles que cierra el examen preliminar abierto a Honduras tras descartar que se produjeran en ese país crímenes de lesa humanidad meses después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Al respecto, la fiscal de la corte, dijo que 'tras un exhaustivo análisis factual y legal de la información disponible determinó que, en este momento, no se han satisfecho los requisitos legales del estatuto de Roma para pedir autorización a los jueces de la CPI para que abran una investigación sobre la situación en Honduras'.
La Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre la situación en Honduras el 18 de noviembre de 2010 para evaluar si 'existían bases razonables' para abrir una investigación sobre supuestos crímenes cometidos tras el derrocamiento de Manuel Zelaya.
Se cometieron violaciones de derechos humanos ese día y posteriormente que son 'directamente atribuibles a las autoridades que se hicieron con el poder en el golpe', expresó. En noviembre de 2013 ya había concluido que esas violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010 no constituyeron crímenes de lesa humanidad según el estatuto de Roma (fundacional de la Corte), por lo que no eran de su competencia para investigarlas.
A la luz de las alegaciones posteriores sobre crímenes cometidos después del 27 de enero de 2010 en la región de Bajo Aguán, la Fiscalía de la CPI continuó la evaluación preliminar para averiguar si esas supuestas violaciones podían tener un impacto en la conclusión anterior o si podían constituir por sí mismas crímenes de lesa humanidad.
Tras 'sopesar cuidadosamente' la información disponible, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que 'no hay una base razonable' para proceder con una investigación, por lo que Bensouda decidió 'cerrar el examen preliminar sobre la situación en Honduras'.
'De ninguna manera esta decisión minimiza los crímenes cometidos en Honduras o su impacto en las víctimas', enfatizó la fiscal, quien agregó no obstante que la definición del estatuto de Roma de crímenes de lesa humanidad 'impone estrictos requisitos legales que distinguen esa categoría de crímenes en un contexto de violencia general, crónica o estructural'. También aseguró que si llegan a su oficina nuevas informaciones podría considerar 'reabrir el examen preliminar' sobre la situación en Honduras si fuese necesario. Ese país centroamericano ratificó el estatuto de Roma el 1 de julio de 2002, de forma que la CPI tiene desde entonces jurisdicción sobre crímenes cometidos en su territorio o por ciudadanos hondureños desde el 1 de septiembre de 2002.
El 28 de junio de 2009 el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue arrestado por miembros de las Fuerzas Armadas y obligado a exiliarse en Costa Rica.
El régimen instaurado tras el derrocamiento de Zelaya implementó una serie de medidas encaminadas a restringir la libertad de movimiento, asamblea y expresión, y estableció una célula de crisis a fin de coordinar operaciones de la Policía y el Ejército para aplicarlas, recordó la Corte. En Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos interpusieron demandas criminales en el Ministerio Público contra los autores materiales e intelectuales de la conspiración contra el entonces mandatario. Asimismo, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), denunció al dictador Roberto Micheletti, por retención ilegal de más de 400 personas en la localidad de Alauca, 109 kilómetros al oriente de la capital de Honduras, cuando éstos pretendían traer a Nicaragua a Manuel Zelaya, exiliado en ese país tras haber sido defenestrado.
