Tegucigalpa, Honduras
Las autoridades del Poder Judicial colaboraron en la investigación del Ministerio Público (MP) sobre las actuaciones irregulares de los exconcejales.
Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo este jueves que en febrero de 2016 conformó una Mesa Técnica de Verificación para investigar la gestión del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
“Se rindieron tres informes entre febrero y mayo de 2016 y fueron remitidos íntegros al MP y subidos a la página web del Poder Judicial para que la sociedad verificara esas situaciones respectivas”, indicó Argueta.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), emitió el lunes un requerimiento fiscal en contra de los exconcejales.
Los acusados son: el expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, también expresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
A su vez el exvicepresidente del órgano jurídico, Teodoro Bonilla. También están los exconcejales Julio Barahona y Josué Francisco Quiroz. Asimismo, Liliam Maldonado y Celino Aguilera.
Los imputados son acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
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La investigación detalla que en 576 ocasiones los exconcejales no viajaron, pero tampoco devolvieron el dinero en viáticos. El expediente investigativo señala que los imputados desviaron un total de 13.5 millones de lempiras en materia de viáticos.
EL HERALDO reveló en exclusiva que el uso de las tarjetas de crédito demostró que ellos no viajaban como lo programaban. Se identificó que realizaron compras en tiendas de Honduras en fechas que supuestamente andaban en giras internacionales.
El requerimiento fiscal fue admitido por el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
No obstante, la Fiscalía sigue a la espera de que el juez que conocerá la causa fije la fecha de la audiencia de declaración de imputado.
“Con satisfacción hemos visto nosotros que se ha tomado la decisión de interponer las acusaciones respectivas”, mencionó Argueta.
Agregó que nunca van estar de acuerdo con acciones de malversación de caudales públicos y con el abuso de autoridad.
“El proceso penal contra ellos se desarrollará en el curso y los plazos que establece la ley y los jueces deberán decidir lo que en derecho corresponda”, dijo.
Argueta indicó que le abrieron las puertas a la Fiscalía y las puertas siguen abiertas para cualquier investigación. Los informes hechos por la Mesa Técnica de Verificación señalan contrataciones irregulares y pagos de horas extras excesivas, entre otras cosas.
