Tegucigalpa, Honduras
La iniciativa de ley encaminada a reformar siete artículos de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito sigue encontrando anticuerpos en la sociedad hondureña, previo a ser discutida en la cámara legislativa.
Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil afirmaron ayer que la reforma busca darle un trato preferencial a los funcionarios y exfuncionarios implicados en actos contrarios a la ley.
“Al delincuente, criminal y corrupto no se le da trato sedoso o considerado; todo lo contrario, generar un clima hostil y desfavorable a los maleantes es lo que corresponde”, declaró el dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera. La polémica reforma fue planteada el martes anterior por el vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla.
Establece que cuando a los funcionarios se les investigue por malversación de caudales se les prive solo de los bienes obtenidos a través de los caudales malversados y a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo, conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria.
El diputado proyectista justificó que “a muchas personas, solo por el hecho de ser acusadas de delitos, les han quitado todos los bienes y se los han rematado, sin ser enjuiciadas. Los afectados han amenazado con demandar al Estado”.
En ese sentido, Rivera cuestionó que “resulta inaceptable aterciopelar la normativa que busca privar a los transgresores de la ley de los bienes provenientes de actos criminales, delincuenciales y de actos de corrupción”.
La reforma también plantea que debe ser derogado por ser inconstitucional el artículo 80 de la ley.
Este se refiere sobre la privación de dominio, sin importar la fecha de adquisición o destinación de
la misma.
La enmienda se encuentra en poder de una comisión dictaminadora presidida por el jefe de la bancada nacionalista, Mario Pérez.
Se tiene previsto que para la próxima semana el Congreso inicie un proceso de socialización con los diferentes sectores de la sociedad.
Reforma
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, opinó ayer que “esperamos que el proyecto de reforma a la Ley de Privación de Dominio sea para fortalecer y no debilitar la lucha contra la criminalidad y la corrupción”.
Además de la sociedad civil, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras instituciones han dejado establecida su posición que esta enmienda es un retroceso al combate a la corrupción en el país.
El Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la UNAH aseguró, además, en un comunicado que la reforma a la Ley de Dominio “se convierte en el segundo frenazo, ejecutado en menos de dos meses, impulsado desde el Congreso Nacional y que tiene como único objetivo detener las acciones que se ejecutan desde el Ministerio Público para combatir la corrupción y la impunidad arraigada en nuestro país”.
Sobre este particular, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, también ha señalado que la modificación a esta norma es un tema “altamente delicado y sensible”.
Si la reforma es aprobada, la retroactividad de la misma podría favorecer a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, y al exoficial Jorge Barralaga, entre otros.
