TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desesperados, sin respuestas claras y sin tener a quien acudir se encuentran más de 500 oficiales de la Policía Nacional a quienes les adeudan cuatro meses de salario.
Se trata de los 566 subinspectores auxiliares de Policía, que comenzaron a formar parte de la institución armada desde el 1 de febrero de 2023, cuando fueron ascendidos a ese rango policial.
Información a la que tuvo acceso EL HERALDO indica que el proyecto de profesionalizar a la Policía Nacional se creó sin existir una estructura presupuestaria en la Secretaría de Seguridad con la que se cumpliría con los sueldos de los nuevos oficiales.
Llegaron demasiados
En un inicio, la idea fue crear 300 plazas para profesionales universitarios de distintas áreas, sin embargo, las máximas autoridades policiales nunca esperaron la avalancha de egresados universitarios que se postularían por un puesto de trabajo.
Ante la incertidumbre de no saber si les pagarán o no, al menos una decena de oficiales auxiliares ya habría solicitado la baja en la Policía Nacional, al no ver una respuesta de la cúpula policial.
El hecho de que la Secretaría de Seguridad no tiene los fondos para efectuar los pagos, obligó en los últimos días a las autoridades a buscar a como dé lugar el presupuesto necesario para honrar la deuda que ya tienen con los 566 oficiales.
Un embrollo más
Del total de oficiales ascendidos a subinspectores auxiliares, una buena parte -cerca de 300- son policías de escala básica y personal administrativo que se sometió al curso especial para ser oficiales.
Entre estos hay clases I, II y III y suboficiales I, II y III, que con ese rango de escala básica ganaban más que al obtener el rango de subinspector, debido a su antigüedad en la Policía Nacional.
La promesa para ellos fue que a pesar de haber ascendido al rango de subinspector -de menor salario que el suyo- se les respetaría el salario que ya venían ganando como escala básica, sin embargo, esto no ha sucedido así.
De acoplarse a un nuevo contrato laboral como subinspector, para estos policías, ahora oficiales, podría derivar en la pérdida de sus derechos alcanzados en el Instituto de Previsión Militar (IPM), por todos sus años cotizados en esa institución.
La decisión que fue tomada por el actual director de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, y todo indica que no fue consensuada y tampoco no hubo una planificación estratégica teniendo en cuenta el impacto económico que causaría la creación de las nuevas plazas de oficiales.
A los 566 oficiales les han dado largas a final de cada mes, con la promesa de que “este mes se les pagará”, pero ya van cuatro meses sin su salario y no ven una luz al final del camino.
Aparte de los que ya habrían pedido la baja, la mayoría de ellos asignados en el interior del país, los restantes no han querido pronunciarse por temor a un despido injustificado de sus superiores.
¿Cuánto se necesita?
El acuerdo laboral firmado por los nuevos oficiales con la Secretaría de Seguridad establece que devengarán un salario que ronda los 21,000 lempiras, por lo que el Estado erogará 11,866,000 lempiras mensuales para poder cumplir con este compromiso.
Asimismo, los oficiales gozarán de un bono por alimentación, al igual que el resto de policías de la escala básica y demás oficiales.
Este grupo de jóvenes, todos con título universitario, ingresó a la Academia Nacional de Policía José Trinidad Cabañas el 11 de septiembre de 2022, con la finalidad de convertirse en oficiales auxiliares y de paso profesionalizar más a la institución policial, que fue el motivo de este curso.
Ese 11 de septiembre, los entonces cadetes aspirantes a oficiales fueron sometidos a los ejercicios policiales acostumbrados en la Anapo, como parte de la bienvenida.
El acostumbrado “trole” se dio y derivado de esos ejercicios físicos, tres aspirantes perdieron la vida. Estos fueron: el licenciado en informática Jairo Josué Martínez (28), el abogado Ronal Javier Coello Coello (34) y el médico Kevin Jackniel Mejía (29).
Hasta el momento se maneja que su deceso se debió a asfixia, luego de inhalar el humo emanado de la explosión de bombas lacrimógenas.EL HERALDO intentó tener la versión de la Secretaría de Seguridad, mediante el portavoz Miguel Martínez, pero no respondió las llamadas.
