TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un “nuevo pacto de impunidad” fue denunciada este jueves la amnistía aprobada anoche en el Congreso Nacional, por la junta directiva que dirige Luis Redondo.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Rassel Tomé a través de un decreto de amnistía por delitos políticos y para beneficiar a acusados por corrupción y enriquecimiento ilícito del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
La amnistía refiere que al menos 22 figuras delictivas comprendidas en el conjunto de normas en materia penal que estuvo en vigor desde 1983 y otros 31 ilícitos del nuevo Código serían objeto de absolución, los cuales se detallan en el artículo cinco del proyecto de decreto para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan.
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Para el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, esto es lo mismo que ha ocurrido en el pasado en el Congreso Nacional. “Lamentamos muchísimo, muchas de las actuaciones que tuvo el Congreso anterior y hoy (jueves) despertamos con que está aprobado todo eso. Desde el sector privado lo consideramos como un nuevo pacto de impunidad”, sentenció.
Solórzano amplió que la amnistía abarca “un montón de delitos que se está perdonando, porque eso es lo que genera una amnistía, que nada tienen que ver con la parte política”.
La amnistía en cuestión “incluye una serie de supuestos relacionados con todas aquellas personas que fungieron desde el 2006 hasta el año 2009 y muy posiblemente haya personas que ya hayan sido investigadas previo al golpe de Estado y que estarían siendo beneficiadas con esto”, amplió.
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El abogado denuncia que “ahí dejan una colita con motivaciones evidentemente políticas y luego cuando uno va al detalle, en cuanto a que la amnistía acta, absoluta e incondicional, contempla los delitos que pasarán a enumerar (eso decía el decreto inicial). Lo que hicieron el día de ayer es únicamente agregar los capítulos como para que la gente ya no lea cuáles son los delitos”.
Generando impunidad
Y es que entre los delitos que se estarían perdonando están: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, delitos cometidos contra los particulares, terrorismo, sedición, posesión ilegal de armas, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, usurpación, daño, robo, incendio, privación injusta de la libertad, tráfico ilegal de productos o subproductos forestales, apropiación de área forestal (eso en relación con el código anterior).
“Con el nuevo código, incluso agregan otro catálogo de delitos: uso indebido de uniformes, insignias, equipo policial o militar... eso nada tiene que ver con lo que son delitos políticos”, repudia el Cohep.
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Solórzano enfatizó que con esta amnistía “cualquier persona, incluso hasta mareros, pueden decir que estaban con la causa del golpe de Estado (y) podrían salir en libertad con esto, el derecho penal tiene que ser claro, porque si no la duda genera un beneficio a favor del reo y nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de actuaciones en donde lo único que se provoca es impunidad”.
El abogado del ente empresarial también criticó el nombramiento de un nuevo procurador y subprocurador, cuando los actuales tienen un acuerdo de nombramiento hasta el 29 de junio de 2022.
“Además se nombró y juramentó sin dar a conocer las hojas de vida de estos altos funcionarios que ejercen un rol importante dentro de la institucionalidad, dentro de la vida estatal y nos vuelven a salir con lo mismo”. ”No es posible que estén jugando con las esperanzas e ilusiones del pueblo y que estén actuando exactamente igual”, reclamó el abogado.
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”Los 128 diputados antes de estar jugando con este tipo de cosas, lo primero que deben de hacer es resolver su problema interno, porque lo que están provocando al no resolverlo es generando vicios de ilegalidad. Están jugando con fuego y con la certidumbre jurídica del país y eso no es bueno para nadie en Honduras”, puntualizó el profesional del derecho.
Un verdadero acto de impunidad
Por su lado, el abogado Félix Ávila reconoció que “definitivamente eso es un verdadero pacto de impunidad”.
”Esto es un abuso claro a lo que establece la Constitución de la República, estar perdonando entre comillas, es decir, disfrazando un verdadero pacto de impunidad con una retórica que es la que se utiliza en este tipo de régimenes o de gobierno”, enfatizó.
Es decir, con la idea de que se está dando amnistía a personas que fueron -se dicen- perseguidas (entre comillas) en algún momento histórico, lo que se pretende es realmente poner un manto de impunidad a investigaciones penales de delitos contra el gobierno, es decir, contra la administración pública, explicó Ávila.
El profesional detalla que “están creando una comisión contra la impunidad, pero lógicamente para perseguir a enemigos del régimen. Esto es lo que se llama, en derecho penal, derecho penal del enemigo. Es decir, se persigue al enemigo de un determinado sistema”.
Nada que ver con delitos políticos
A criterio de Ávila la amnistía en este caso “ni siquiera es válida porque la Constitución de la República dice que el Congreso Nacional tiene facultades para otorgar amnistía para delitos políticos.
Entiéndase delitos políticos, delitos que de alguna u otra manera tienen esa connotación; pero un delito de malversación de caudales públicos, fraude... y todos sabemos los delitos por los que fueron acusadas muchas personas o que pueden ser acusadas de gobiernos anteriores (especialmente del gobierno de 2006 al 2009) esos delitos realmente son atentados contra la administración pública. No tienen nada que ver con delitos políticos”.
”Lo que pretenden es que el derecho penal no se aplique a gente que sirvió en algún momento en un gobierno”, amplió el abogado y aseguró que con ello solo “se están disfrazando algunas cosas que son absolutamente contrarias a la Constitución de la República”.
