TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Aduciendo su condición de subordinados, las Fuerzas Armadas (FF AA) han dicho sí a todo lo que les encomiende el Poder Ejecutivo, sin tomar en consideración las consecuencias sociales o legales que esto pueda incurrir.
Organizaciones campesinas y de producción agraria consideran que el dictamen del Ministerio Público (MP) sobre la inconstitucionalidad del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) es el primer paso para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su dictamen bajo los mismos parámetros.
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La Fiscalía Especial para Defensa de la Constitución emitió su dictamen el viernes anterior, donde considera inconstitucional el decreto ejecutivo número PCM-052-2019 del 18 de octubre de 2019 que ordena asignar hasta 4,000 millones de lempiras a la institución militar para apoyar en labores agrícolas.
Las consideraciones del MP es porque el decreto no cumple una finalidad razonable y admisible desde la perspectiva de preceptos, valores y principios constitucionales.
Los recursos de inconstitucionalidad los interpusieron la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca).
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Según los expertos del MP, el decreto invade las funciones de otras instituciones que están legalmente definidas, por lo que, atendiendo el principio de unidad constitucional, no se puede provocar un conflicto de funciones de cada una de las instituciones tal como sucede con el citado decreto. Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina, declaró ayer a EL HERALDO que “nos parece correcto ese dictamen y sienta un precedente en este caso porque este gobierno ha pretendido darle funciones a las Fuerzas Armadas, no solamente en el sector agrícola, sino que en el sector forestal y ahora con la pandemia, administrar y dirigir hospitales públicos”.
Alegría indicó que ahora el Poder Judicial debe dar una resolución legal con base en lo dictaminado por el MP y a la solicitud que han hecho las organizaciones campesinas, mismas que deben ser escuchadas.
El dirigente campesino recomendó que los 4,000 millones de lempiras que tenían planificado invertir en los próximos cinco años en el campo por medio de las FF AA los deben destinar al Instituto Nacional Agrario (INA) o a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y reactivar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Reflexionó que a pesar de la corrupción que ha habido en estas instituciones se deben reactivar y reestructurar, porque no son las instituciones las malas, sino las personas que las dirigen.
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Fortalecer
Anabel Gallardo, presidenta de Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), declaró a EL HERALDO que a nivel técnico siempre han considerado que las FF AA no son la institución más adecuada para manejar este programa.
“Si el Ministerio Público que manejan las leyes y la parte legal da esa opinión, creo que es cierto, no creo que vayan a dar una posición ante algo que no sea lo correcto, que no sea legal”, consideró. Gallardo insistió que para el agro está la SAG y sus unidades, además otros entes dedicados al campo que necesitan ser fortalecidos y que puede cooperar como las universidades entre ellas; Zamorano, la Universidad Nacional de agricultura y las dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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Por su parte, el presidente, Juan Orlando Hernández consideró que lo emitido por el MP solo es una opinión que por ley tiene que hacerla, pero el decreto surgió por la petición de las organizaciones campesinas de que necesitaban un acompañamiento de las FF AA con base en dos razones. Una era para cultivar con seguridad en lugares difíciles y porque las FF AA desde 1990 tienen un centro experimentado en materia de agricultura y en la parte ecológica.
Para el experto en derecho y constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, este tema está confuso, ya que la Constitución de la República fue reformada para que las FF AA colaboraran en educación, seguridad, reforestación y agricultura y con base en eso les asignan funciones como las que dice el PCM-052-2019.
EL HERALDO trató ayer de comunicarse con el jefe de las FF AA, general Tito Livio Moreno Coello, para conocer su opinión, pero no respondió las llamadas.
