TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades del Poder Judicial dictaron este viernes -11 de agosto- auto de formal procesamiento contra el comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, quien se entregó a la justicia tras permanecer casi cinco años prófugo.
Barbara Castillo, vocera del Poder Judicial, informó que Oquelí Tinoco tiene “formal procesamiento por lavado de activos en perjuicio del Estado y por delitos de cohecho pasivo propio y asociación para delinquir”.
Cabe destacar que, en la audiencia de declaración de imputado, el juez con jurisdicción nacional dictó arresto domiciliario al aceptar una caución hipotecaria de una vivienda valorada en cinco millones de lempiras.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP) pidió que el auto de formal procesamiento se acompañara de la medida cautelar de prisión preventiva, dado la gravedad del delito y valorando las recientes reformas en la materia, pero en la resolución judicial se ordenó mantener las medidas dictadas previamente.
Por lo cual, Lorgio Oquelí seguirá con arresto domiciliario y la audiencia preliminar fue programada para el próximo 12 de septiembre a las 9:00 a. m.
De igual manera, en el comunicado emitido por el MP detalla que la acusación por lavado de activos de octubre de 2018 contra Mejía Tinoco, se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y el de su núcleo familiar, en el periodo comprendido ente 2012 y 2017.
Sumado a ello, dentro del requerimiento fiscal interpuesto por la vía penal también figura su exesposa, Denisse Yamileth Morales, quien fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y para quien se ordenó el comiso de siete cuentas bancarias a su nombre.
Asimismo, en las imputaciones se incluyeron seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
El caso de Lorgio Oquelí Martínez
Según la investigación llevada a cabo por las autoridades, se estableció que entre los años 2012 – 2015, miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca y, de acuerdo a la indagaciones, los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control.
Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).
Hay que resaltar que, la acusación por lavado, en la audiencia inicial se amplió a cohecho y asociación para delinquir, lo que fue admitido por el órgano jurisdiccional.
