Tegucigalpa, Honduras.- El juzgado de letras en materia de criminalidad organizada, corrupción y medioambiente dictó sobreseimiento provisional a Gabriel Rubí, extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a quien se le acusa de participar en la compra de percoladoras sobrevaloradas durante la pandemia de covid-19.
La resolución fue tomada este sábado durante el desarrollo de su audiencia inicial, la cual inició desde el jueves 17 de octubre.
Con esta decisión, se suspende temporalmente el proceso judicial contra Rubí, quien es acusado por el Ministerio Público por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos en la adquisición de percoladoras y otros productos amparado en el decreto ejecutivo PCM-005-2020.
De acuerdo al artículo 295 del Código Procesal Penal, esta resolución se toma de no haber “plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que sí la tuvo”.
La Unidad Fiscal de Apoyo Fiscal (UNAF) tiene un plazo de cinco años para presentar nuevos elementos de prueba que den base a que el juez retome el proceso judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo en mención.
De igual forma, el sobreseimiento provisional fue a favor de Junior Benítez, Pedro Antonio Núñez y Patricia Paz, imputados que también tuvieron su audiencia inicial este día.
Sobre la acusación contra Rubí
De acuerdo a las indagaciones de la UNAF, Rubí en complicidad con Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras, Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo financiero y los ciudadanos Odalis Jazmín Martínez Maldonado Junior Alexander Benítez Gonzáles Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona, conformaron un esquema de corrupción para la adquisición de percoladoras, televisores, camas y otros artículos a través de una empresa de fachada.
A través de las investigaciones se conoció que algunos de los imputados simulaban ser funcionarios de Copeco con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos.
Usurpando estos cargos, se ocultaban las anomalías y solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, las cuales compraron los productos con una facturación inicial a los 7 millones de lempiras.
Estas empresas, en confabulación con Copeco, sobrevaloraron los mismos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras (diferencia de más de cinco millones de lempiras del costo real al pago que realizó la empresa).
Otro proceso pendiente
Además de esta acusación, Rubí también es señalado de estar involucrado en la compra de ventiladores mecánicos incompletos durante su gestión en Copeco.
La compra de estos ventiladores fue de más de 63 millones de lempiras, artefactos que no se pudieron utilizar en un momento crítico como lo era 2020 por la pandemia, ya que estos traían todas las piezas necesarias.
Por esta causa, el Ministerio Público presentó en la audiencia inicial 201 medios de prueba que lo vincularían por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Cabe señalar que por este mismo caso, son acusados el excanciller de Honduras, Lisandro Rosales; Jessica Canahuati Faraj, excónsul de Honduras en Nueva York, y los exfuncionarios de Copeco Cristian Elías Santeli Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina.
