Algunos expertos en salud mental y activistas de derechos humanos dicen que esa no es la forma de ayudar a jóvenes que llegaron a un país extraño, sin sus padres, con pocas pertenencias y a menudo se topan con pandillas violentas o sufren enfermedades camino a Estados Unidos.
Una empresa privada contratada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos que administra el centro de Homestead está ensayando el programa y ha contratado a consejeros y supervisores en Texas, a unos 2,575 kilómetros (1,600 millas) de distancia.
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Los consejeros son a menudo los primeros que oyen hablar de las violaciones y golpizas que sufrieron los menores en sus casas o a manos de pandillas cuando iniciaron el tortuoso recorrido hacia el norte desde Guatemala, Honduras o El Salvador. Algunas niñas que llegan al centro están embarazadas.
“A los menores migrantes les cuesta mucho expresar sus sentimientos y confiar en los profesionales”, dijo Martha Vallejo, trabajadora social de Miami que ha trabajado con menores luego de que salieron de los centros de detención. “¿Cómo pueden sentirse cómodos hablando con alguien en una pantalla?”, preguntó.
Los supervisores de cada caso también usan videollamadas para hablar con los menores y sus parientes antes de que los chicos sean liberados.
Uno de los muchachos que estuvieron en el centro de Homestead, un guatemalteco de 17 años que a poco de llegar a Estados Unidos se enteró de que tenía tuberculosis, le dijo al investigador de Amnistía Internacional Brian Griffey que así se comunicaba con el supervisor de su caso.
Elena Reyes, directora del Centro para el Estrés y la Salud Infantiles de la Universidad Estatal de la Florida, dijo que el uso de terapia a la distancia es cada vez más común en los sitios alejados, donde no hay suficiente personal. Pero agregó que le parece poco probable que no haya personas bilingües que puedan ofrecer terapia en persona en el centro de Homestead, ubicado a 48 kilómetros (30 millas) al sur de Miami.
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Comprehensive Health Services, el contratista del gobierno, dijo que apelaba a terapeutas y supervisores de Texas porque no había recibido suficientes solicitudes de empleo en Miami.
La directora de una organización local sin fines de lucro que participa de una red nacional de profesionales especializados en traumas de la infancia dijo que la compañía no lo había contactado. Claudia Kitchens, directora de la Kristi House, dijo que la organización ya colocó especialistas en dos albergues para migrantes menores de edad más pequeños de la zona. Tiene una oficina a 5 kilómetros (3 millas) de la instalación.
Las videollamadas no son una novedad. El gobierno federal ya las usó en vistas de migrantes menores de edad. También se amplió la atención médica a distancia para tratar a soldados en actividad y a veteranos de guerra que sufren de depresión o de estrés postraumático. Pero el de Homestead es el único de 168 centros para migrantes menores de edad que usa videollamadas para ofrecer terapia.
El centro de Homestead es la instalación de alojamiento de menores migrantes más grande del país. Tiene 2,200 niños y las autoridades dicen que se podría ampliar su capacidad a 3,200.
En teoría, los menores no pueden permanecer allí más de 20 días, pero algunos niños declararon a delegaciones legislativas y a abogados que llegaron a estar tres meses. En el último año el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha arrestado a más de un centenar de menores que cumplieron 18 años mientras estaban en el centro.
El gobierno dio hace poco a Comprehensive Health Services 341 millones de dólares para expandir el centro de la Florida. Esa empresa pertenece al conglomerado Caliburn International que hace poco incorporó al ex jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly a su junta directiva. Representantes demócratas de la Florida pidieron que se investigue el contrato.
Legisladores de la cámara baja han dicho que la instalación funciona “como una cárcel”. Los niños pueden hacer dos llamadas telefónicas de diez minutos por semana a sus familiares. Algunos chicos dicen que los entristece no poder abrazarse ni tocarse entre ellos, según dijeron a la AP abogados que hablaron con ellos.
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El uso de terapia a la distancia es otra afrenta, de acuerdo con activistas.
“Muchos chicos con los que hablaron no habían visto nunca un teléfono celular”, expresó J.J. Mulligan, abogado de la Immigration Law Clinic de la Universidad de California de Davis, que visitó la instalación.
“Pedirles que hablen de sus traumas más íntimos con un extraño a través de una pantalla parece algo totalmente inapropiado, que no puede ofrecer la terapia sicológica que necesitan desesperadamente”.
El representante demócrata de la Florida Ted Deutch dijo que le preocupaba el que el gobierno hubiese aumentado la cantidad de menores que trata cada terapeuta. Ahora son 20 en lugar de los 12 de antes.
“El tema es si se puede usar la tecnología para satisfacer estos cupos”, dijo Deutch. “Lo más importante es: ¿Se está dando a estos niños la atención que necesitan?”.
