TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los trabajos para finalizar el Centro Cívico Gubernamental (CCG) están a medias y la entrega total de la obra se podría extender hasta el próximo año, ya que el inversionista requiere de unos cinco millones de dólares para seguir operando, o sea, unos 125 millones de lempiras.
Desde el 16 de marzo pasado las obras se detuvieron pero no se han podido reanudar debido a la crisis sanitaria generada por el covid-19.
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Informes proporcionados a EL HERALDO confirman que son pocos los detalles que hacen falta en cuatro edificios y los únicos que llevarían más tiempo de entrega son la casa de gobierno y la Torre 1.
Según informó una fuente a EL HERALDO, el Cuerpo Bajo A (CBA) tiene un avance de 99.30 por ciento en la construcción, el Cuerpo Bajo B (CBB) un 98.50 por ciento y el Cuerpo Bajo C (CBC) un 97.60 por ciento.
En tanto, la Torre 2 está en un 99 por ciento, la Torre 1 en 96.5 por ciento, mientras que el Cuerpo Bajo D (CBD), donde está la casa de gobierno, se encuentra en un 60 por ciento.
El problema en este momento, según confirmaron fuentes a EL HERALDO, es que se deben reanudar los contratos con la Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH).
Además se requieren alrededor de cinco millones de dólares, es decir, más de 120 millones de lempiras, para poder seguir trabajando.
De tener los recursos, los cuerpos A, B, C y la Torre 2 se terminarían en tres semanas y la Torre 1 y el CBD en cuatro meses, es decir que la entrega total lo más seguro será hasta el próximo año.
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Según la fuente, DOIH tiene los recursos, pero están en las cuentas bancarias nacionales y debido a la pandemia se han incumplido los plazos de entrega y se han rezagado contratos y una serie de requisitos que maneja la Oficina de las Nacional Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Sin que se cumplan todos estos requerimientos no se pueden sacar los recursos y continuar con el proyecto.
En el contrato hay una cláusula denominada evento eximente de responsabilidad, la cual se invoca cuando hay un daño de una parte hacia la otra y así lo hizo el concesionario el 18 de marzo pasado, pero la situación es compleja, ya que en este momento no existe responsabilidad de nadie, porque no se sabía que vendría la pandemia.
De momento los trabajos se están haciendo a medias, porque existe una clínica de triaje para pacientes con covid-19 en el complejo gubernamental y no se puede avanzar, porque la gente tiene miedo de ir a trabajar.
Pagos
Hasta el momento se han pasado menos de diez instituciones del Estado, las que están pagando por los espacios que están utilizando, sin embargo, el resto comenzarán a ocupar el complejo hasta segunda orden.
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Según Jacqueline Floglia, quien estaba a cargo de los traslados, ahora es la Secretaría de Finanzas (Sefin) la que está a cargo de ese proceso.
EL HERALDO consultó a funcionarios de Sefin, pero no respondieron las consultas sobre cómo avanza la ocupación y cumplimiento de los pagos al concesionario.
De momento solo a algunos niveles de la Torre 2 se mudaron instituciones como la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), el Instituto de Turismo (IT) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), entre otras.
El Cuerpo Bajo A es del Servicio de Administración de Rentas (SAR) pero no se han pasado debido a que están solicitando una serie de readecuaciones que con dinero y gente se pueden terminar en dos semanas.
Otro problema es que hay algunas piezas que están en Puerto Cortés que no se puede sacar, por eso es que no se terminan los edificios que están por llegar al cien por ciento de construcción.
La primera fecha límite de entrega era el 15 de julio de 2018 y no se pudo y la última fue para el 15 de abril de 2020 que también se incumplió y hasta ahora no se sabe cuándo se entregará por completo el complejo.
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