Tegucigalpa, Honduras
Incertidumbre y preocupación es lo que dan a conocer los empleados de la Dirección General de Transporte (DGT).
Alrededor de 680 trabajadores, entre personal administrativo y de campo, son los que forman parte de dicha Dirección, que depende de la Secretaría de Infraestructura de Servicios Públicos (Insep).
Luis Rodríguez, encargado del departamento de Inspectores de la DGT, externó que existe temor entre los trabajadores de la dependencia porque en pocos días quedarán en la calle producto de los despidos que realizará la Comisión Liquidadora.
“Estamos preocupados y en incertidumbre porque la mayor parte de los compañeros dependemos de nuestro trabajo y estamos a la espera de la resolución final por parte de la comisión que nombró el Presidente de la República”, manifestó Rodríguez.
A los empleados de la DGT se les notificó que se les va a cancelar el salario como empleados de dicha dependencia hasta el 30 de junio y a partir de esa fecha, con la creación del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el personal será evaluado para determinar si van a optar a ser contratados y ser parte de la nueva institución, y de esa manera dar cumplimiento a la nueva ley.
Los empleados que van a ser cancelados han nombrado a un grupo de representantes para que puedan dialogar con la Comisión Liquidadora y en especial con el viceministro de Transporte, Roberto Pineda, funcionario con el que ya han tenido acercamientos. Una de las mayores preocupaciones de las personas que van a ser cesanteadas es que muchos tienen préstamos con cooperativas y con instituciones bancarias y al quedar sin empleo no van a poder cancelar las deudas.
Sin embargo, están conscientes de que con el cambio de Dirección a Instituto se va a cancelar a todos los empleados, por lo que demandan que se les cumpla con todos los derechos que establece a ley, pues algunos de los que serán despedidos tienen cerca de 30 años de laborar en dicha dependencia.
Un grupo de 130 empleados se han organizado en la Asociación de Nacionalistas de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y solicitan una reunión de urgencia con los miembros de la Comisión Liquidadora para que se socialice el proceso de cancelación de contratos.
