En Honduras se registra una 'evolución del crimen' que obliga a un análisis del sistema de seguridad y justicia por parte de unidades civiles, aseguró este lunes la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
'La complejidad de masacres de los últimos dos meses no las teníamos antes. Aquí hay una evolución del crimen que hay que estar investigando ya', dijo Castellanos en el foro Frente a Frente de Televicentro.
De acuerdo a la funcionaria, la impunidad con que se manejan los crímenes en Honduras hace pensar que 'no hay justicia, si es que estamos ante un Estado fallido'.
'Yo haría una propuesta de análisis del sistema de seguridad y justicia', porque 'no se va a salir de esas circunstancias de país si se siguen haciendo las cosas de la misma manera', recalcó.
Además, argumentó que 'quién dice que la investigación, que la inteligencia judicial es potestad únicamente de los fiscales y policías', pues en otros píases las unidades están dirigidas por civiles.
'Si hay policías involucrados en crímenes, cómo la unidad de inteligencia va a estar integrada por policías', cuestionó.
Según la máxima autoridad del alma máter, Honduras está al 'límite, si no es que ya caímos, en una situación en el que el país se ha perdido'.
En lo que va de 2013, dos masacres se han registrado en el territorio nacional. La primera ocurrió el 17 de enero en la colonia Las Ayestas
de la capital de Honduras.
Cuatro
trabajadores
de la albañilería, un voluntario de la Cruz Roja de Honduras, una costurera y una ama de casa se encontraban entre las seis víctimas del hecho
criminal.
La segunda masacre fue perpetrada ayer por sujetos armados que abrieron fuego contra ocho jóvenes que departían y jugaban naipe bajo una galera en el barrio San Francisco de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
Producto del tiroteo fallecieron siete personas.
La Policía Nacional aún no tiene un móvil claro en el caso.
Cifras del Observatorio de la Violencia de la UNAH indican que 115 masacres sucedieron en 2012
con un saldo de 432 personas ajusticiadas, principalmente en Cortés y Francisco Morazán.
