La jueza natural Lidia Álvarez Sagastume, que conoce el caso Pandora, determinó la madrugada de este sábado dictar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a 26 de los 29 implicados en el sonado desfalco de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
En total son 38 los nombres que sobresalen en este caso de corrupción, investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y que salió a la luz el 13 de junio.
Este sábado, en una maratónica audiencia inicial, la togada decidió que de los 29 a quienes se les sigue la causa, solamente el exministro de la SAG, Jacobo Regalado, siguiera defendiéndose en prisión, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Pero ¿qué tomó en cuenta la jueza para llegar a esta determinación?, los puntos específicos fueron revelados este día en el expediente VP-0036-2018, que incluye la resolución de la togada.
El documento detalla que en 'los hechos probados existen indicios suficientes para dictar auto de formal procesamiento contra Jacobo José Regalado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios (3 a 6 años de prisión), fraude (6 a 9 años) y malversación de caudales públicos (6 a 12 años) medida cautelar a la prisión preventiva'.
De igual manera, explica que en el caso de Norma Keffy Montes Chandías, a quien se le señala de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, cuya pena sería de 3 a 6 años, y fraude, delito por el que purgaría una pena de 6 a 9 años de prisión.
'Velkis Hernández por los delitos de falsificación de documentos públicos (3 a 9 años) y Laura Aidee Arita Palma por falsificación de documentos (3 a 9 años) y fraude (6 a 9 años)', destaca la resolución.
Cabe recordar que, en el caso de los otros dos señalados en Pandora, Mario Rolando Suazo y Mario Edgardo Suazo, fue dictado sobreseimiento definitivo, pues las pruebas presentadas en su contra no demostraron su participación en los delitos.
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En el caso de William Chong Wong, se otorgó sobreseimiento por extinción de la acción penal.
'Los hechos se realizaron en 2011, 2012 y 2013, cuando estaba vigente la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos de 2002 (decreto 45-2002), por lo que no es procedente la aplicación de la ley especial contra el Lavado de Activos de 2015.
En regulación de 2002 y ya hay jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de 2009, que es necesario la acreditación de un delito precedente (...) por lo que la jueza no consideró que se haya cometido dicho delito, puesto que aunque puedan existir indicios probatorios, no se configura la tipificación de ese delito, dado que los fiscales no logran acreditar el delito precedente. El juicio continúa', finaliza el documento.
