TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los ingresos para el Estado de Honduras que dejará el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, serán nulos por muchos años.
Honduras no recibirá ni un cinco del canon que pueda generar esta nueva terminal por lo menos en los primeros 10 o 15 años, por dos razones fijadas en el decreto legislativo número 71-2016 que contiene el contrato de concesión de la nueva terminal aérea.
La primera se debe a la intempestiva reforma al artículo dos del decreto que contiene el contrato de Palmerola, al aumentar la inversión que debe hacer Honduras en 46.2 millones de dólares, es decir, 1,113 millones de lempiras más.
Al principio la inversión del Estado era de 76.1 millones de dólares, es decir, más de 1,800 millones de lempiras.
Ahora Honduras tiene el compromiso de hacer una inversión de 122.3 millones de dólares, que suman alrededor de 3,000 millones de lempiras, la cual fue aprobada por los diputados al Congreso Nacional.
Por su parte el inversionista Palmerola International Airport S.A (PIA) apenas hará una inversión inicial de 87.1 millones de dólares, que son más de 2,100 millones de lempiras, 900 millones menos que el Estado.
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DeudaUna deuda de más de 1,113 millones de lempiras debe ser tratada con más seriedad por parte de los diputados del Congreso Nacional, porque son bienes del Estado que están en juego. |
Pago
Parte de los recursos que usará el gobierno provienen del Programa de Conversión de Deuda Honduras Frente a España, de la emisión de bonos por parte de la Secretaría de Finanzas y del canon por la concesión de los aeropuertos u otros fondos.
Esto significa que la deuda será unos 15 años o más de los 30 que dura la concesión, porque en la actualidad Aeropuertos de Honduras genera 328 millones de lempiras anuales por los cuatro aeropuertos internacionales.
Tomando esta cifra como referencia, se puede decir que solo Toncontín genera cerca de 100 millones de lempiras anuales en canon. Por lo tanto, estos recursos servirán para pagar parte de los 3,000 millones por la inversión y otra parte son los 53.2 millones del dólares del Programa de Conversión de Deuda Honduras Frente a España.
Aparte de esto, no existe garantía de que en los primeros años el país reciba pago por concepto de canon de parte de la concesionaria.
PIA debe pagar en base al 10% de los ingresos brutos por concepto de la tarifa de salida de pasajero internacional por esta terminal.
Pero al mismo tiempo señala que la empresa concesionaria pagará el canon en el caso que la demanda anual de pasajeros haya superado una cifra equivalente 600 mil pasajeros internacionales.
Según estimación de las mismas autoridades del Estado, este flujo de pasajeros Honduras los alcanzará entre ocho o diez años, es decir, que PIA estará operando con absoluta ganancia durante este tiempo.
Registros de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) detallan que a diciembre de 2018, Toncontín registró el movimiento de 461,419 pasajeros en vuelos internacionales.
Lo anterior significa que hacen falta cerca de 140 mil pasajeros para que Honduras pueda recibir ingresos por esta concesión.
Miguel Mencía, director de la Unidad de Coordinación del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), explicó que no se modificó el contrato, sino que se incrementó la inversión que debe hacer el Estado porque el presupuesto estimado al principio no ajusta.
Reconoció que Honduras está poniendo más en inversión inicial, pero el concesionario deberá hacer obras adicionales en los 30 años que manejará la terminal, por lo cual también incrementará en los gastos.
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Ampliación al contrato deber ser investigada
Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña e Industrias de la Construcción (Chico), señaló que la ampliación de la inversión que hará Honduras en el aeropuerto de Palmerola despierta mucha sospecha.
“Para nosotros resulta de suma sospecha que esto se haya aprobado en medio de aquel zafarrancho, se supone que temas serios deben ser tratados con seriedad”, se quejó.
Larios recomendó hacer una investigación profunda de lo que sucedió, para determinar si se justifica o no, y que no sea con una simple justificación del comisionado presidente de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) que se termine el caso.
Indicó que el país tiene prioridades que atender en salud y educación, por lo cual este tipo de ampliaciones deben ser atendidas con mayor responsabilidad.
“No nos compliquemos en este caso, no solo la SAPP lo debe justificar, hay muchos entes sociales que deben comentar al respecto, por la ausencia se pierde transparencia”, lamentó.
Refirió que cuando se aprueba una modificación como esta en contratos de infraestructura y de esa forma, en el Congreso Nacional presentan una alta apariencia de irregularidades.
