TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de 40 días transcurrieron desde que el Poder Ejecutivo anunció un plan antiextorsión que contemplaba, entre otras medidas, el censo y control en la venta de chips telefónicos, que son utilizados por el crimen organizado para cobrar el impuesto de guerra.
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Sin embargo, la medida cuyo objetivo es disminuir la extorsión, un flagelo que tiene de rodillas a los comerciantes, quedó en papel mojado.
Un equipo de EL HERALDO se adentró en el centro de Tegucigalpa para comprar las SIM card y constatar que tener un nuevo número telefónico para extorsionar -sin saber quién está atrás- es bastante sencillo.
Al encontrar uno de los tantos vendedores en el corazón de la capital, se le solicitó un par de chips y él apenas pidió la identidad para hacer efectiva la adquisición.
El joven ingresó a un sistema en su aparato móvil, apuntó el número de identidad y automáticamente se generaron los números de celulares nuevos.“¿Solo con la identidad?”, se le consultó, a lo que respondió con un seco “sí, nada más, serían 80 lempiras por los dos”.
En tanto, en otro negocio cercano, otro vendedor explicó que “el sistema le marca a usted un máximo de cinco números con su identidad, al menos nosotros que estamos en las calles podemos vender cinco chips por persona”.
No obstante, en la Dirección Policial Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) detallaron a este rotativo que las maras también administran identidades extraviadas y, al no ser reportadas como perdidas, se pueden comprar chips en nombre de otro ciudadano.
+Ejecutivo busca controlar venta de chips para frenar extorsión en Honduras
¿Y el plan de control?
Lorenzo Sauceda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), explicó que recientemente terminaron un ordenamiento jurídico que servirá para aplicar el censo, proyecto que está en manos del Poder Ejecutivo y luego pasará al Congreso Nacional (CN) para su ratificación.
El funcionario reconoció que existe una venta desmedida de chips y que muchos de ellos son acaparados por el crimen organizado para extorsionar.
“Hay una venta loca en cualquier lugar y algunos requisitos se aplican relativamente.
La ley está en revisión del Poder Ejecutivo para que no tenga contradicciones con ninguna otra ley y hay que decir que los requisitos que se aplicarán son el nombre completo, identidad, dirección de la persona y agregamos con mucho énfasis los controles biométricos que pueden ser de voz, vista o huellas dactilares”, aseguró.
Sauceda explicó que las compañías móviles deberán instalar el control biométrico sugerido, de lo contrario serán sancionados.
“Habrá sanciones bastante fuertes si no se cumple y con los operadores hemos hablado, ellos están muy receptivos y desde el gobierno estamos satisfechos porque están comprometidos. Son multas económicas y de otro índole, pero esperamos que no suceda porque no se trata de eso”.
Por su parte, el portavoz de la Dipampco, Mario Fu, señaló que desde el 2018 sugirieron un mejor control en la venta de chips ya que es la mayor forma de operar por parte de las pandillas que se dedican al ilícito.
“Se explicó que más del 95% de la extorsión en el país se comete a través de aparatos móviles y antes no se pedía una identificación ni ningún registro para tener una base de datos, ¿cómo se rastrea a una persona si no se sabe a quién le pertenece el número?”.
“Si la portabilidad se logra entonces las organizaciones van a tener que mutar en su forma de cometer el ilícito”, agregó. El proyecto anunciado desde diciembre pasado busca ser enviado al Congreso Nacional la próxima semana.
Censos en el plan antiextorsión
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) también se encuentra creando un mecanismo para registro en las billeteras móviles, mecanismo donde se deposita el dinero de la extorsión.
La ley que pretende regular la venta de chips fue creada por Conatel, la Secretaría de Seguridad y las compañías de telefonía móvil que operan en el país. Ahora mismo está siendo revisada por el Poder Ejecutivo.
