FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusó al extraditable hondureño Francisco Roberto Cosenza, exadministrador de la Tasa de Seguridad, de recibir sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense, reveló este viernes esa oficina en un comunicado de prensa.
Los otros acusados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años y propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años y residente de Boca Ratón, Florida.
Cabe señalar que el pasado 14 de diciembre se conoció que Estados Unidos había pedido en extradición a Cosenza por delitos de conspiración para cometer lavado de activos y participar en transacciones derivadas de bienes derivados de bienes criminales. Ese mismo día se nombró al juez natural que conocerá la solicitud.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”.
Para ocultar los pagos de las coimas, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Según la acusación, los conspiradores enviaron más de $ 166,000 (L 4.1 millones) a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan.
Acusación contra Cosenza
Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros acusados supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad por el valor de 10 millones de dólares.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos. Zaglin, Marchena y sus cómplices supuestamente utilizaron las ganancias de los contratos corruptos del gobierno hondureño para pagar sobornos a funcionarios
Para promover el plan y ocultar los pagos de sobornos, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros supuestamente lavaron las ganancias del plan corrupto a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice. Como se alega en la acusación, los conspiradores enviaron más de $166,000 a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan.
Todos los acusados están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Cosenza y Marchena también están acusados cada uno de un cargo de lavado de dinero y un cargo de participar en transacciones con propiedad derivada de delitos. Zaglin y Marchena también están acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Zaglin también está acusado de violar la FCPA.
En caso de ser declarado culpable, Francisco Roberto Cosenza podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 10 años de reclusión por el cargo de participar en transacciones de bienes de derivados de delitos y cinco años de cárcel por cada uno de los delitos relacionados con la FCPA.
Cosenza se entregará para extradición
Luego de conocer la solicitud de extradición en su contra, Francisco Roberto Cosenza declaró al noticiero Hoy Mismo estar sorprendido del pedido hecho por el gobierno de Estados Unidos y manifestó su voluntad de entregarse ante las autoridades hondureñas para seguir con el proceso en su contra.
“Completamente sorprendido, pues yo era una persona administrativa. Lo que yo recibía de parte del Comité de Seguridad una instrucción donde me ordenaban comprar para todos los entes de seguridad, llámese Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía, Corte Suprema y viceversa”.
Siguió: “había encima mío un comité que es el que tomaba la decisión de a quien se le iba a comprar y ordenaban una vez que ingresaban los productos, ordenaban los pagos al Banco Central”.
Cosenza reiteró que él sólo se encargaba de los procesos administrativos “así que no veo la relación que están haciendo en cuanto a los cargos que me están imputando”.
Sobre si incurrió en algún tipo de delito en el momento que estuvo al frente de la Tasa de Seguridad, este respondió: “definitivamente que no, yo sólo ejecutaba órdenes superiores, que venían de la Comisión y de los coordinadores para que se complementara. Si compramos carros para los policías, compramos carros para los diferentes organismos”, reconoció.
En torno a las acusaciones Cosenza fue directo al decir: “Yo recibía órdenes del presidente de la República (Juan Orlando Hernández), del ministro de seguridad, del ministro de defensa, del presidente de la Corte Suprema, del Ministerio Público”.
Francisco Cosenza aseguró que pronto se entregaría a las autoridades, pero no precisó fecha ni lugar.
