TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El guatemalteco Axel López deberá responder ante la justicia por la venta irregular y sobrevalorada de siete hospitales móviles al Estado hondureño.
Algunos especialistas en derecho penal y constitucional coinciden en que López perfectamente puede ser solicitado en extradición por la Fiscalía General de la República a Estados Unidos y ponerlo a las órdenes de los tribunales por su implicación directa en la venta de los hospitales.
Por la compra de siete hospitales móviles a la empresa Elmed Medical System, propiedad de López, el extitular de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, desembolsó en un abrir y cerrar de ojos un total de 1,174 millones de lempiras, por lo que esta transacción atípica es considerada como un megafraude de corrupción.
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Una veeduría hecha por el Cohep señala que los hospitales fueron sobrevalorados en 807 millones de lempiras, por lo que ese dinero debería ser recuperado.
De acuerdo con los expertos, una demanda para recuperar los fondos de los hospitales móviles no es suficiente.
El reclamo de la ciudadanía es que los implicados en este hecho deben pagar con cárcel sus actitudes al margen de la ley.
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La petición de extradición se podría basar en el principio de reciprocidad de la ley, consignado en el artículo 47 de la Convención de Viena y que es definido como “la costumbre que sigue un estado determinado de conceder a otro estado un trato semejante al que recibe de él, en un determinado punto de la cooperación internacional”.
Honduras y Estados Unidos tienen vigente desde 1909 un Auto Acordado de Extradición que ha permitido extraditar a hondureños, principalmente a implicados en crímenes de tráfico de drogas y lavado de activos.
Aunque el abogado penalista Raúl Suazo aseveró que “en mi criterio personal no existe un Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos... Pero en Honduras sí le dan cumplimiento a un tratado que se firmó por el principio de reciprocidad”.
Es decir que “si Honduras pidiera a un ciudadano estadounidense, estos deberían de enviárselo, interesante sería si lo llega a pedir la Fiscalía, si lo envía Estados Unidos y más importante aún, en cuánto tiempo lo haría”, acotó.
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A criterio del abogado y exfiscal Juan Carlos Sánchez Cantillano, “si la justicia funcionara de manera estricta y conforme a la realidad, el principio de reciprocidad, sin perjuicio de que no existe un tratado de extradición con Estados Unidos, sabemos muy bien que ellos piden extradición a través de un trámite especial en la Corte Suprema de Justicia a cualquier hondureño”.
“De igual forma debería funcionar, en principio porque se trata de un delito especial, que ha prácticamente lacerado intereses legítimos del pueblo hondureño, debería de funcionar de la misma manera, pero sabemos que en la práctica no podría resultar de esa forma”.
De acuerdo con Sánchez Cantillano, “sabiendo y conociendo, y dando fe en la práctica de que a requerimiento de Estados Unidos van hondureños hacia allá, perfectamente podría funcionar de la misma manera con base en el principio de reciprocidad”.
Desde 2014 a la fecha, al menos 24 hondureños fueron extraditados a Estados Unidos por tráfico de cocaína, uso de armas de guerra y lavado de activos.
Aunque no existen datos de que algún ciudadano estadounidense haya sido extraditado a este país para responder por alguna acusación del ente fiscal.
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Obstáculos
Pero el planteamiento de una posible entrega de la justicia de Estados Unidos a Honduras del empresario Axel López no será una tarea nada fácil para este país, que está sediento de justicia.
En el camino han surgido una serie de obstáculos que frenarían su extradición para responder por el delito de fraude ante los tribunales de hondureños.
Entre ellos se encuentra que López y el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, no firmaron un contrato por la compra de los siete hospitales móviles.
“En este caso si usted le compra algo a alguien, se necesita tener un contrato y en el contrato se establece cuáles son las condiciones de la venta del producto versus la garantía, las responsabilidades, entonces si no existe un contrato, ¿cómo diablos se va a acusar a ese hombre?”, reprochó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
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Recalcó que la ausencia de un contrato impide demandar criminalmente a Axel López.
“Hasta la saciedad se les ha pedido a los de Invest-H que digan si hay o no hay contrato y se hacen los locos, a la Junta Interventora se le ha preguntado dónde está el contrato y no dicen nada”, aseguró.
Lo cierto es que la Fiscalía ha solicitado una asistencia jurídica internacional a Estados Unidos y una agencia gubernamental está encabezando las investigaciones contra López, quien fue el intermediario en la compra de los hospitales móviles.
Del resultado de la asistencia dependerá la judicialización de la bochornosa y millonaria compra en Honduras.
Aunque si la agencia de Estados Unidos detecta irregularidades, la acusación podría dirimirse en una corte estadounidense, como ha sucedido en otros casos.
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