TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes -9 de enero- comparecerá a su audiencia de información el hondureño extraditable Francisco Roberto Cosenza, quien fue capturado el lunes en su casa de habitación durante un operativo en la capital de Honduras.
El exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional es solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, por suponerlo responsable de los delitos de conspiración para cometer lavado de activos; lavado de activos y transacciones derivados de actos criminales.
El extraditable, quien fue solicitado desde el pasado 14 de diciembre por la Corte del Distrito Sur de La Florida, había expresado que se entregaría voluntariamente a las autoridades; sin embargo, esto nunca sucedió.
La audiencia de información fue programada para las 8:00 de la mañana en donde el juez le detallará los cargos por los que Estados Unidos lo solicita, así como qué sigue en el proceso para su extradición.
Vinculado al caso del expresidente Hernández
El exfuncionario en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, a la espera de su juicio por narcotráfico en Nueva York, habría cometido estos ilícitos entre 2015 y 2020.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
Los otros acusados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años y propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años y residente de Boca Ratón, Florida.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”.
Para ocultar los pagos de las coimas, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Según la acusación, los conspiradores enviaron más de $ 166,000 (L 4.1 millones) a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan.
