TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los protocolos de seguridad en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, “fallaron y hubo colusión de los policías”.
Según un exdirector de Centros Penales, consultado por EL HERALDO y que pidió omitir su nombre por seguridad, “el director del centro penal tiene facultades para dialogar con un privado de libertad, pero eso lo debe delegar en un subalterno para no perder la autoridad que se le ha delegado”.
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El exfuncionario detalló que “el centro penitenciario es un guardador y receptor de los internos y no tienen que violentarle los derechos humanos ni nada”.
“Quien determina hacer los cambios de quienes van de un lado a otro o de un módulo a otro son los jueces y quien supervisa ese proceso son los jueces de ejecución”, especificó.
Eso que ocurrió en el penal de Ilama, sobre las armas, “eso es inaudito, porque los protocolos fallaron y hubo colusión de los policías”, remarcó el entrevistado por EL HERALDO.
Detalló que en los centros penales existe un Comité Técnico que está integrado por autoridades penitenciarias, jueces, derechos humanos y Conaprev, que se encarga de ver y analizar la situación en la que se encuentra cada interno, por lo que los jueces de ejecución tienen mucho que ver en ese aspecto. “En el hecho específico ocurrido en Ilama hay que ver qué juez de ejecución llevaba ese caso”, dijo.
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“Yo que estuve en los centros penales y tengo una licenciatura en ciencias policiales, me costó como ocho meses entender la magnitud de los centros penales y de pronto mandan a un militar a un centro penal, no es correcto”.
“Hay que recordar que la antítesis o lo contrario de ser policía es ser militar. Es un gran error. Los militares deben estar de forma temporal”, dijo.
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