“La Secretaría de Seguridad no ha sido capaz de generar, hasta ahora, una implementación adecuada de las medidas cautelares”.
Esa es la conclusión a la que ha llegado Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), quien a renglón seguido considera que “lo único que ha hecho es firmar convenios y contratos con las víctimas, acuerdos que al final perjudican al Estado porque no las cumplen”.
Eso implica que la implementación de las medidas cautelares de protección estatal “han sido un fracaso en nuestro país”, ya que no se le brinda la seguridad necesaria a las personas que han sido amenazadas.
Al consultarle sobre las medidas cautelares que se le habían otorgado al abogado Antonio Trejo Cabrera, quien fue asesinado el sábado 22 de septiembre y que se le había otorgado protección a solicitud de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), Pavón explicó que “esta secretaría de Estado recién empieza a implementar el mecanismo de protección, que es muy diferente a una medida cautelar”.
Según lo informado ayer, el abogado Trejo puso en autos a la Secretaría de Derechos Humanos sobre las amenazas que recibía. Esta Secretaría giró la comunicación a la Secretaría de Seguridad, pero la presencia policial solo la tuvo dos veces el abogado.
Esta falla de comunicación y seguimiento de ambas instituciones condujo a que Trejo anduviera en la calle desprotegido, pese a haber recibido las amenazas.
No hay seguimiento
“No existe un mecanismo para darle seguimiento a una medida cautelar o a una medida de custodia, es que suceden situaciones como las que estamos viendo y se pierde la línea de seguimiento por parte de los que participan en este proceso”, reprochó Pavón.
A una persona que goza de medidas cautelares se le debe asignar un escolta o custodio de forma permanente.
También debe haber un número telefónico permanente que facilite la comunicación y que la persona que lo atienda reaccione de manera inmediata.
“Pero lo malo es que aquí le dan el número de un oficial de Policía y a los tres días lo cambian y cuando usted lo llama está en La Mosquitia, por lo que no hay un seguimiento”, se quejó Andrés Pavón.
Además, el defensor de derechos humanos se pregunta por qué la Secretaría de Derechos Humanos no se enteró que Trejo en realidad no tenía protección estatal, si esta institución fue creada precisamente para eso.
“La Secretaría de Seguridad ha sido incapaz de generar hasta ahora una implementación adecuada de las medidas cautelares”, dijo Pavón.
Además de eso recordó que si se ha creado una unidad de seguimiento a las medidas cautelares en la Secretaría de Seguridad, las autoridades policiales deben estar pendiente de cada una de las personas que reciben el beneficio.
“Yo, por ejemplo tengo medidas cautelares y soy testigo de que no me han funcionado” recalcó Pavón.
“Desde el 2010 tengo medidas cautelares y no han sido funcionales porque llamo al teléfono que me asignaron y el tipo nunca está y una vez me contestó y dijo que estaba en Santa Bárbara”. “Son ellos (las autoridades) los que están obligados de avisarle a uno de los cambios que se van generando y es por eso que estamos en acercamiento con la SJDH, con el fin de implementar un mecanismo de protección”, dijo.
No conoce el caso
Al vocero de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Héctor Iván Mejía, se le preguntó ayer si el abogado Trejo Cabrera tenía las medidas cautelares y esto dijo desconocerlo.
“En este momento desconozco, pero sí los procedimientos para las medidas cautelares vienen derivadas de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos o del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”. “Pero hay que ver qué pasó con el caso del abogado Trejo y aclarar en su momento”, dijo Mejía.
Al consultarle si tenía conocimiento de que Trejo Cabrera haya hecho esa petición a la Secretaría de Seguridad, fue enfático al decir “no”.
“Yo no tengo el control de cuánta persona tiene protección. Hay una unidad especial dentro de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad que se encarga de llevar esos controles”, aseguró.
Al consultarle qué se está haciendo para esclarecer el caso, dijo que “se está trabajando el caso del abogado Trejo. Se supone que pierde la vida por cuestiones del trabajo y estamos tratando de establecer los autores materiales y de los intelectuales, porque aquí no solo es de agarrar a los que quitan la vida, sino a quién da la orden”.
“Se está haciendo una radiografía y ver cuál era su vida profesional y personal, entre ambos casos se debe definir qué fue lo que provocó su ejecución”, dijo el vocero policial.
En tanto, el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado, afirmó que a esta entidad no se remitió toda la documentación necesaria para tramitar medidas cautelares a favor de Trejo, por lo que no se avanzó en ese sentido.
Explicó que cuando se solicita protección ante un organismo no gubernamental, el expediente no se debe quedar allí, tiene que ser remitido a entidades como la Fiscalía de Derechos Humanos para tramitar la investigación y las medidas. Eso no ocurrió en este caso específico, aunque indicó que si se solicitó medidas para un grupo de campesinos del Aguán, que representaba el abogado Trejo.
LOS HECHOS
1. El 2 de junio de 2011, Antonio Trejo denunció en el Codeh que recibió amenazas a muerte y responsabiliza a empresarios agrícolas del Aguán.
2. El 23 de agosto de 2012, Trejo llega a solidarizarse con campesinos que protestan en la CSJ. De inmediato es capturado por agentes “Cobras”.
3. El 25 de agosto de 2012, el Ministerio Público acusa a Trejo y 24 personas más por manifestación ilícita. Le otorgan medidas sustitutivas.
4. El 22 de septiembre de 2012 personas desconocidas le quitan la vida, de varios disparos, al abogado Trejo frente a una iglesia en colonia América.
