TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Criterios encontrados existen en la comunidad judicial en torno a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 141-2017 contentivo del artículo 238 de la Ley de Presupuesto del 2018.
A juicio del jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), Luis Javier Santos, el fallo emitido por los jueces constitucionales les favorece a fin de continuar con las investigaciones.
'A nosotros nos beneficia el fallo porque se estaba obstaculizando la investigación de algunos casos, con eso nos ratifica que podemos continuar, sin embargo, requiere algún tipo de análisis para comentar sobre el fondo”, aseguró el funcionario del MP.
De su lado, el abogado penalista Marlon Duarte, manifestó que el contexto de la sentencia declara inconstitucional de forma y no de contenido el decreto en mención.
“El contenido está intacto, la sentencia estableció que el órgano por excelencia como manda la Constitución de la República es el Tribunal Superior de Cuentas”, señaló.
4resoluciones contempla la sentencia de inconstitucional oficializada por la CSJ. |
De su parte, el también abogado Raúl Suazo es del criterio que la Sala Constitucional emitió una resolución conforme a derecho.
De no ser abordada por los juristas constitucionales esa norma, “hubiera permitido muchísima impunidad, consideramos que la resolución está ajustada a derecho porque es el Ministerio Público quien debe tener la acción penal pública, siempre y cuando sea bien investigado”.
El jueves anterior, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del decreto 141-2017 en el que se reformó el artículo 16 y se adicionó el artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto.
40considerandos plantea el fallo emitido el jueves pasado por los jueces de la CSJ. |
Red de Diputados
A juicio de los fiscales de la Ufecic, con la resolución del último interprete de la Constitución de la República se deberá reabrir el caso Red de Diputados.
“En el caso Red de Diputados, la jueza manifestó que se manda archivar el caso mientras el Tribunal de Cuentas no termine la auditoría, ahora la Sala Constitucional ha dicho que esos artículos que se aprobaron en la Ley de Presupuesto son inconstitucionales, o sea como si nunca hubieran existido”.
En diciembre de 2017, la Fiscalía denunció a una red de cinco exdiputados señalados por el delito de malversación de caudales públicos.
Los encausados son Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez y Eleazar Juárez.
