TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miles de familias hondureñas que huyeron de sus hogares por la violencia y la delincuencia están a la espera de que se apruebe el reglamento de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas aprobada en el 2022.
Dos años después de su aprobación, la normativa carece de reglamento, lo que impide que las víctimas puedan ser beneficiadas totalmente con medidas de protección y asistencia humanitaria.
La ley establece la designación de 150 millones de lempiras para atender a las víctimas de desplazamiento forzado; sin embargo, aún no se puede hacer el desembolso de ese dinero hasta que se apruebe el reglamento.
El fondo es para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas forzadamente y dar recursos a las víctimas para que sirvan como medio de vida una vez que ya estén reubicados y en lugares seguros, para que puedan generar un medio para subsistir.
Andrea Pineda, de la Dirección para Personas Desplazadas de la Secretaría de Derechos Humanos, manifestó que ya se concluyó con el borrador del reglamento, y será presentado ante la comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas a finales de septiembre.
“Se está construyendo el reglamento y este 27 de septiembre se tiene previsto ante la comisión; estamos en la revisión de los últimos artículos y este mes se pretende que la institución la presente a la comisión”, informó.
El reglamento establece estrategias de prevención para el desplazamiento, medidas de protección que se deben aplicar a las víctimas, el uso de fondo para responder a las necesidades de los desplazados y en riesgo de desplazamiento, detalló Pineda.
A pesar de que no hay un reglamento, la funcionaria aseguró que la ley que se aprobó en diciembre del 2022 ya se está aplicando a los desplazados, mediante un proyecto piloto que se desarrolla entre la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
“Tenemos un fondo activo además del que establece la ley, y tenemos un proyecto piloto con el que se ha atendido a las familias afectadas, este nuevo fondo viene a complementar la asistencia que siempre se ha estado dando”, sostuvo.
“Hemos acompañado y asistido a más de 1,000 personas este año con los componentes de asistencia humanitaria, damos reubicaciones temporales, permanente, asistencia para salvaguardar a las personas y damos medio de vida para ayudar a las familias y permite dar una solución duradera”, señaló.
La funcionaria agregó que se han hecho las acciones con la Secretaría de Finanzas, pero “estamos esperando que se presente el borrador final”.
Según datos de la ACNUR este año se solicitaron 30.8 millones de dólares (cerca de 760 millones de lempiras) a los donantes para atender la |situación de desplazados en Hondura; pero solo se ha logrado financiar el 27% (8.3 millones de dólares) de lo solicitado.
Personas desplazadas por la violencia
De acuerdo a la ACNUR, Honduras experimenta desplazamientos forzados por la violencia generalizada, violaciones de derechos humanos y amenazas ambientales; lo que ha provocado el desplazamiento de más de 247,090 personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños, niñas y adolescentes.
Además, existen 225,800 personas en riesgo de desplazamiento, en movimientos mixtos y personas retornadas con necesidades de protección internacional.
La Agencia de Refugiados prevé un aumento en el número de desplazados internos debido a la “persistencia de los desencadenantes del desplazamiento forzado, a pesar de los avances en los mecanismos de protección legal, se espera que los movimientos mixtos alcancen niveles históricos”, apunta.
Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reporta que durante 2023 se recibieron un total de 1,761 denuncias por desplazamiento forzado.
Uno de los grupos poblacionales que más se ve afectado por el desplazamiento forzado son los indígenas.
El Conadeh reportó que en los últimos ocho años se han recibido un total de 202 quejas presentadas por personas de grupos indígenas y afrohondureños.
Según el organismo de derechos humanos, el 55% de las denuncias fueron presentadas por hombres y el 45% por mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado.
Detalló además que el 57% de las personas que denunciaron indicó estar en riesgo de desplazarse y un 43% fueron víctimas de desplazamiento.
El Conadeh enfatizó que los miskitos son el grupo más afectado por el desplazamiento forzado, con el 76% de los casos, seguido de garífunas y lencas.
El 60% de las víctimas denunció ser víctima de amenazas, el 12% por muerte violenta de familiares, 7% por extorsión, igual porcentaje por despojó de tierras, el 5% de las quejas son por violencia doméstica y otro 5% por tentativa de homicidio.
Los datos del Conadeh indican que la mayoría de las amenazas son por personas desconocidas, la pareja, maras y pandillas y el crimen organizado.
Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, expresó que los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de racismo, discriminación y desigualdad en el acceso a derechos como la salud, la educación, además enfrentan graves desafíos por la falta de protección sobre el derecho a sus territorios y recursos naturales.
