Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, se refirió este miércoles al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) calificándolo de “elefante blanco”, tras una reunión con la magistrada presidenta de dicha institución, Itzel Anaí Palacios.
En sus declaraciones, Zelaya calificó al TSC como un “elefante blanco” que ha drenado recursos del Estado y ha sido utilizado para la persecución política y el encubrimiento de casos de corrupción.
“Hay que decir la verdad al pueblo hondureño, el TSC ha sido un elefante blanco que le ha drenado dinero al país para perseguir políticamente y cuadrarle las cuentas a corruptos”, señaló el fiscal general al salir de la reunión.
Zelaya enfatizó que las instituciones del Estado no deben ser utilizadas para perseguir políticamente a los ciudadanos y recordó que históricamente el TSC ha sido instrumentalizado con estos fines. “Nosotros tenemos la persecución penal, podemos entrar donde sea y como sea, siempre y cuando haya una denuncia contundente y consideramos que este es un delito”, afirmó al ser cuestionado sobre su presencia en las instalaciones del TSC.
El fiscal general también indicó que hay varias líneas de investigación en curso y que la reunión con la magistrada Palacios sirvió para coordinar el envío de expedientes entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el TSC. Según Zelaya, existen antecedentes donde el TSC ha devuelto casos a la CSJ alegando que algunas resoluciones no están apegadas a la ley.
Por su parte, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, destacó que el único caso en el que aplica el principio de prejudicialidad es el de enriquecimiento ilícito, donde se debe esperar la determinación del TSC. No obstante, aclaró que el TSC ya no tiene competencia para seguir conociendo estos casos, por lo que la CSJ debería emitir resoluciones definitivas en lugar de remitir los expedientes nuevamente al TSC, como ha estado sucediendo en algunos casos.
Santos también recordó que el Decreto número 116 de 2019, que establecía la prejudicialidad en estos procesos, fue derogado en 2022, por lo que no debería seguir aplicándose en las resoluciones judiciales.
