En el Ministerio Público (MP) hay “muchos” fiscales que consumen droga y por esa razón serán despedidos, reveló a EL HERALDO el miembro de la Comisión Interventora de esa institución, Lino Tomás Mendoza.
“Hay muchos que salen que han consumido en los últimos años drogas”, dijo el funcionario, consultado sobre los resultados de pruebas toxicológicas practicadas a los fiscales.
La Interventora aplicó pruebas de confianza a unos 100 elementos del Ministerio Público, entre fiscales y personal operativo, como parte del proceso de evaluación de la planilla de empleados.
El funcionario se rehusó a decir si entre los reprobados en el examen toxicológico hay fiscales titulares o en qué dependencia laboran, pero que “ahí hay sorpresas” que en breve serán dadas a conocer.
Tampoco precisó qué tipo de sustancias o drogas, si cocaína, marihuana o heroína, fue la que se detectó en las muestras de orina y sangre sustraídas de los fiscales.
Por su lado, el diputado Mario Pérez señaló que hay fiscales con vínculos con el crimen organizado.
“Hay personal ligado a bandas del crimen organizado, aquí la deducción lógica es que no ha existido visión ni mecanismos de control, han estado haciendo lo que han querido, sin que nadie los haya auditado”, expresó el parlamentario.
El diputado no indicó si los diputados estarían dispuestos a someterse a este tipo de pruebas, como un mecanismo de control.
La prueba antidoping consiste en un reactivo para detectar si se ha consumido algún tipo de narcótico por medio de la orina humana; es un método seguro y efectivo.
El Ministerio Público cuenta con unos 600 fiscales.
La única fiscalía que periódicamente sometía a este tipo de pruebas toxicológicas a sus integrantes es la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y nunca se dio a conocer que hubo un despido o remoción por causa de un positivo por droga.
La presidente de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro, dijo en su momento que fiscales especiales y fiscales coordinadores se habían sometido a las pruebas de confianza.
Las pruebas de idoneidad consisten en examen toxicológico, patrimonial, psicométrico y del polígrafo.
Sobre los resultados en general de las pruebas, Mendoza comentó que “hay aplazados, algunos se han negado (a someterse a las pruebas) y algunos están muy comprometidos”.
El interventor explicó que los reprobados en las pruebas están siendo sometidos a audiencias de descargo para aplicarles medidas disciplinarias.
“A los aplazados se les sigue el proceso de descargo, o sea, ya la ley establece cuál es el procedimiento”, expresó.
Se le preguntó al funcionario qué procedía contra los reprobados después de esta fase de descargo y con firmeza dijo que “el despido”.
La Comisión Interventora, creada por el Congreso Nacional, termina este miércoles 31 de julio el periodo de 105 días que se le dio para hacer una reingienería en el Ministerio Público.
En los dos informes presentados al Poder Legislativo por la Comisión Interventora se reveló un dantesco desorden administrativo.
El fiscal general, Luis Rubí, y el fiscal general, Roy Urtecho, decidieron interponer sus renuncias, tras la revelación de diversos escándalos plasmados en los informes.
A tres días para que culmine el proceso de intervención, Mendoza asegura que han mantenido las acciones de reestructuración.
“Continuamos en el proceso, estamos en el proceso de reestructuración, poniendo fiscales nuevos, entramos en el proceso de generar confianza en la administración, garantizando la optimización de los recursos, evitando el gasto desproporcionado”, acotó.
El tercer y último informe que se remitirá al Congreso Nacional “básicamente es lo mismo” que los dos anteriores y “la diferencia es que se han tomado acciones para racionalizar el gasto de los recursos, de los bienes, vehículos, viáticos”, aseguró Mendoza.
Déficit de 20 millones enfrenta el MP
La Comisión Interventora del Ministerio Público recomendará al Congreso Nacional (CN) que adopte medidas para que se fortalezca financieramente a esta institución.
El informe se presentará la otra semana ante el CN, cuando vence la vigencia del Decreto 59-2013 que da vida a esta Comisión.
“Hay que ponerse a trabajar en la estabilidad y equilibrio financiero, en el informe estamos dejando que se proyecta un déficit de 20 millones de lempiras a diciembre de 2013”, dijo María Antonia Navarro, coordinadora de la Comisión. Mientras, la Interventora instruyó medidas de contención del gasto corriente relacionado con sueldos y salarios, movilidad fiscal, asistencia judicial y otras funciones del MP.
Navarro es del criterio que 105 días es tiempo insuficiente para poner en marcha trabajos programados en el MP.
Ante ello, recomendó que sería ideal que en vez de nombrar a fiscales generales se permitiera que la labor de la Comisión Interventora continuara por un período más de tiempo, para consolidar la labor.
“Hay que darle a las nuevas autoridades del MP una transición que a mediano plazo estaríamos hablando de tres años para poner a tono el MP”, recomendó. Asimismo, instó a los legisladores a pensar en el país y no en intereses políticos.
