Los fiscales que presentaron un documento de 55 páginas aseguran que el mandatario se encuentra fuera del alcance del gobierno de Estados Unidos para recibir una citación.
Asimismo, alegan que probablemente Hernández apelaría a su derecho de no hablar si fuera interrogado bajo juramento sobre sus actividades.
Los documentos, presentados el viernes por la noche, hacen referencia al caso de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, un traficante que fue arrestado el 1 de marzo del 2020 en Miami.
Cuando en marzo se anunció el arresto de Fuentes Ramírez los fiscales dijeron que el presidente se reunió con él en el 2013 y le aceptó un soborno de 25,000 dólares a cambio de protección.
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También dijeron, al igual que repiten ahora, que el presidente le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en tener acceso al laboratorio de cocaína de éste debido a su proximidad a la zona comercial de Puerto Cortés, en la costa norte de Honduras.
El gobierno de Honduras reaccionó este sábado y aseguró que las acusaciones son '100% falsas' y reiteró que se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes por su política de extradición.
Además, aseguró que la administración de Hernández ha sido reconocida como un socio de confianza en la lucha antidrogas.