WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- En una conversación con EL HERALDO, el profesor Robert Carmona-Borjas lanza una fuerte crítica al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, acusándola de manipulación del lenguaje, hipocresía política y de encubrir la corrupción en su círculo más cercano.
Carmona-Borjas denuncia la falta de acción frente a un video revelador que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria, en un soborno relacionado con el narcotráfico.
El director general de la Fundación Arcadia, experto en anticorrupción, derechos humanos y seguridad continental, también destaca el doble estándar del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, subrayando el contraste entre su retórica y las acciones que, en su opinión, reflejan una estrategia para proteger intereses personales y evitar la extradición de figuras clave vinculadas al crimen organizado, comprometiendo así el futuro de Honduras.
A continuación, los momentos más importantes de la entrevista:
EL HERALDO: ¿Qué piensa sobre la forma en que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está manejando las acusaciones de corrupción en su entorno familiar?
RCB: La crisis política actual en Honduras se define por dos aspectos fundamentales: la “manipulación del lenguaje” y la “hipocresía política”.
La mandataria Xiomara Castro de Zelaya está reciclando las mismas tácticas que hemos visto emplear en los regímenes totalitarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, utilizando el discurso oficial para ocultar la realidad.
Es crucial que el pueblo hondureño vea más allá de la retórica engañosa. Xiomara Castro llegó al poder con la promesa de una supuesta lucha contra la corrupción y la “refundación” de Honduras, pero, ¿qué hemos visto en la práctica? Si realmente hubiera “refundado” el país, no estaríamos presenciando el éxodo masivo de hondureños hacia Estados Unidos, donde entre 300 y 400 hondureños son detenidos diariamente en la frontera estadounidense.
¿Por qué huyen de un país “refundado” que supuestamente debería ser el país de la felicidad?, ¿Dónde está la tal “refundación” de Honduras a casi ya tres años de haber iniciado su período presidencial? La señora Xiomara Castro ha manipulado términos positivos como “justicia social” y “pluralismo” para encubrir realidades negativas. Su gobierno se presenta como defensor de la justicia social, pero su administración ha sido criticada por la persistencia de altos niveles de corrupción y nepotismo.
El ejemplo de ello fue el nombramiento de su sobrino José Manuel Zelaya como Ministro de Defensa y su hijo Héctor Zelaya como Secretario Privado de la Presidencia, que contradicen abiertamente los principios de meritocracia y democracia que predica.
El escándalo del soborno que involucra a su cuñado Carlos Zelaya Rosales, hermano menor del expresidente Manuel Zelaya Rosales, pone nuevamente a la familia Zelaya en el epicentro de una trama de corrupción ligada al narcotráfico.
En lugar de afrontar estas acusaciones, la mandataria ha optado por construir una narrativa que apunta a la existencia de una supuesta amenaza interna y externa contra su gobierno.
Castro y su círculo cercano han adoptado las tácticas del chavismo, que combinan la victimización, el nacionalismo y la creación de un enemigo común, con el objetivo de desviar la atención de las acusaciones de corrupción y nepotismo que ensombrecen su administración. Por ello, su única estrategia es la manipulación del lenguaje.
Ahora la señora Castro habla de un supuesto “golpe de Estado oscurantista”, siguiendo fielmente el guion que ya hemos visto en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Al igual que Nicolás Maduro y Daniel Ortega, ahora ella intenta legitimar su posición vinculando a esos “grupos oscurantistas” con intereses extranjeros, principalmente los Estados Unidos, utilizando la figura de la USAID como chivo expiatorio y presentando cualquier tipo de oposición como una intervención imperialista.
Para reforzar este relato, envía a su recién nombrada ministra de Defensa, Rixi Moncada, a acusar falsamente a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) de estar involucrada en este supuesto complot inexistente, siguiendo el mismo patrón de ataques que vemos en otros regímenes autoritarios, donde las ONG son acusadas de estar financiadas por agentes extranjeros que “amenazan la soberanía nacional”.
Lo que sigue en el modus operandi de ellos es aún más preocupante, y tienen que estar pendientes. Siguiendo el manual chavista, no cabe duda de que Libre enviará en las próximas semanas a sus Colectivos a atacar a la ASJ o a cualquier otra organización no gubernamental y sin fines de lucro que combata la corrupción y defienda los derechos humanos, que se atreva a denunciar verdades evidentes y concretas contra su gobierno. Este es su ciclo perverso: manipular el discurso, crear enemigos ficticios y luego justificar la represión contra cualquiera que represente una amenaza a su poder.
Es un manual rojo, rojito, importado directamente de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y me surge una pregunta inevitable: ¿por qué esos mismos hondureños que huyen en caravanas diarias, prefieren venir a los Estados Unidos y no a Venezuela, Nicaragua o Cuba que son sus aliados políticos a ultranza? Eso sí, sería coherente con su retórica, ¿no?
EL HERALDO: ¿Cuál es su opinión sobre la denuncia del tratado de extradición hecha por la presidenta Xiomara Castro?
RCB: La denuncia del tratado de extradición por parte de la presidente es claramente una medida de distracción política. En los últimos años, hemos visto cómo los regímenes cleptocráticos del Socialismo del Siglo XXI propagados por la región, ante un hecho inminente de investigación o sanción a sus delitos incursos, recurren a ese mismo tipo de maniobras para evitar enfrentar la justicia.
En el caso actual de Honduras, la corrupción sistémica y el involucramiento de figuras políticas en narcotráfico y corrupción han provocado una crisis de legitimidad que la presidente está tratando de encubrir con este tipo de acciones.
En lugar de tomar medidas concretas contra los actos de corrupción que involucran a su propio entorno, la mandataria busca culpables externos y alega injerencia extranjera, cuando en realidad la extradición ha sido una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado en el país por más de un siglo.
Desde el punto de vista constitucional, es importante recordar que el Artículo 102 de la Constitución de la República de Honduras establece que ningún hondureño puede ser extraditado, salvo en casos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
Esto justifica la necesidad de mantener el tratado de extradición con los Estados Unidos, ya que la realidad es que el sistema judicial hondureño ha demostrado incapacidad para procesar efectivamente estos delitos. Los criminales de alto perfil vinculados al narcotráfico han sido extraditados y condenados en los Estados Unidos porque el sistema judicial de Honduras, lamentablemente, no tiene la fortaleza ni los recursos para llevar estos casos de manera eficaz.
Es evidente que, en lugar de fortalecer el Estado de derecho, el gobierno ha optado por el camino de la distracción y la victimización, esquivando enfrentar las verdaderas causas de la crisis en el país. Sin embargo, el sector democrático y honesto de Honduras no está de brazos cruzados.
El hecho de que la señora Zelaya haya ejercido sus facultades ejecutivas para denunciar el tratado de extradición no significa que este proceso no pueda ser revertido.
Afortunadamente, Honduras no es aún Venezuela, Nicaragua o Cuba, y es precisamente aquí donde el Congreso Nacional tiene un papel crucial que desempeñar. Este Congreso debe asumir su responsabilidad histórica y mantenerse como el último bastión democrático del país. Siendo el único órgano verdaderamente independiente, tiene no solo la capacidad, sino también la obligación de actuar bajo sus atribuciones para impedir que Honduras siga el camino de convertirse en otro régimen autoritario donde los criminales vinculados al narcotráfico son los que gobiernan el país, como es la desgracia que vivimos los venezolanos.
La mandataria podrá intentar denunciar el tratado cuantas veces desee para evitar que tanto ella como su esposo y demás familiares y allegados enfrenten la extradición por delitos de narcotráfico, cuyas acusaciones en tribunales estadounidenses son inminentes, pero el honorable Congreso Nacional de Honduras tiene el poder de frenar esas pretensiones.
A través de la aprobación de una Ley de carácter orgánico, puede reservarse la autoridad exclusiva sobre los tratados internacionales relacionados con la extradición de narcotráfico, red terroristas y miembros de organizaciones criminales.
La denuncia del tratado por parte de la mandataria pone en serio riesgo el Estado de derecho, dado que es de conocimiento público que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General ya están bajo el control directo del expresidente Mel Zelaya y la actual mandataria.
Este control sobre el sistema judicial, que es un calco exacto de los modelos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, compromete gravemente la independencia de las instituciones. Por ello, el Congreso Nacional es el último baluarte que le queda al país para preservar la legalidad y asegurar que Honduras siga cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, tal como lo establece el Artículo 102 de la Constitución de Honduras.
De ahí que es crucial que el Congreso Nacional apruebe de manera urgente, y con la mayoría calificada de 86 votos, una legislación de carácter orgánico que disponga con claridad que los tratados de extradición deben ser gestionados exclusivamente por el Congreso, sin intervención alguna del Ejecutivo.
Esta ley también podría contemplar la creación de un marco legal que permita renovar o prolongar automáticamente los tratados de extradición vigentes en caso de que se denuncien, garantizando así que Honduras mantenga estos acuerdos internacionales esenciales para la seguridad y defensa del país y de la región.
El Congreso debe actuar con urgencia para proteger la soberanía judicial de Honduras y garantizar que la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado no sea obstaculizada por decisiones unilaterales y guiadas por intereses personales del Ejecutivo.
Estas decisiones deben ser tomadas por un cuerpo plural que verdaderamente represente los intereses del pueblo, ya que es el bienestar de la nación lo que está en juego. Si bien es cierto que el tratado actual podría perder su validez en seis meses, el Congreso tiene en sus manos la potestad absoluta de aprobar una nueva legislación que garantice la continuidad de este o cualquier otro tratado, o que establezca los mecanismos necesarios para mantener vigentes este tipo de acuerdos en el futuro, asegurando así la estabilidad y eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
No obstante, es imprescindible que el Congreso se mantenga alerta y preparado para enfrentar un posible veto del Ejecutivo que intente frenar la promulgación de esta ley.
Por eso, es esencial lograr su aprobación por mayoría calificada. Con esta mayoría (86 votos), el Congreso puede superar el veto y promulgar la ley sin necesidad de que sea sancionada por el Ejecutivo. Honduras no puede permitirse un retroceso hacia la impunidad. Ya hemos sido testigos de cómo este tratado ha permitido la extradición de más de 60 criminales de alto perfil, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández. Desmantelar uno de los pocos mecanismos efectivos para combatir el crimen organizado sería un error histórico de consecuencias incalculables.
Como catracho de corazón, hago un enérgico llamado al Congreso Nacional de Honduras para que actúe con conciencia y responsabilidad y ponga en marcha una ley orgánica que asegure que el país no retroceda en su lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, preservando además su lugar en la comunidad internacional como un país comprometido con la justicia. El momento es ahora.
Basta con ver el caso de Venezuela, donde la Asamblea Nacional fue el último bastión en pie, hasta que el chavismo lo arrebató de un plumazo y sumió al país en una narcodictadura que aún hoy lo tiene secuestrado.
EL HERALDO: ¿Pero profesor Carmona es acaso de que usted considera que Honduras no tiene un sistema judicial con la capacidad para juzgar a los narcotraficantes, terroristas o criminales del crimen organizado?
RCB: Es peor que eso. El sistema judicial de Honduras lamentablemente es sumamente débil. Es tan débil y tan manipulable por la corrupción, que no hablemos de los casos narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, sino que hablemos de un ejemplo claro de un simple caso de corrupción.
El caso de Marcelo Chimirri es un claro ejemplo de la fragilidad del sistema judicial hondureño y la complicidad entre actores políticos y judiciales que permite que personas condenadas por corrupción no solo queden en libertad, sino que también recuperen bienes adquiridos ilícitamente.
Esto demuestra cómo el sistema está estructuralmente predispuesto a proteger a aquellos en el poder y cercanos al poder, dejando al pueblo hondureño desprotegido y perpetuando un círculo de impunidad que debilita la confianza en la justicia, pero le venden al pueblo, y éste se lo cree, que los corruptos son otros y no ellos.
Marcelo Chimirri fue condenado por corrupción, específicamente por enriquecimiento ilícito y abuso de poder durante su gestión como gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). En este contexto, las autoridades confiscaron bienes que presuntamente fueron adquiridos como fruto de actos de corrupción, como lo establecen las leyes hondureñas en casos donde se demuestra el uso indebido de fondos públicos para el beneficio personal.
Nosotros en la Fundación Arcadia logramos demostrar ese caso de corrupción. Las pruebas existen, incluso aquí en los Estados Unidos fue condenada la empresa LatiNode y sus ejecutivos, por haber sobornado precisamente al sobrino de la señora Xiomara Castro de Zelaya, Marcelo Chimirri y debido a ello Estados Unidos le tiene prohibida la entrada a este país. Ahora bien, cuando su tía llega a la primera magistratura, decretó una amnistía que incluyó entre otras a su sobrino Marcelo Chimirri, quien fue liberado de la condena que pesaba sobre él.
Es importante entender que, desde el punto de vista jurídico de Honduras, la amnistía no elimina la condena ni exime de los antecedentes penales en su totalidad, sino que está destinada a extinguir la pena, es decir, suspender la sanción penal impuesta y conceder la libertad a la persona que fue condenada. Sin embargo, en ningún caso la amnistía debe restituir los bienes obtenidos de forma ilícita, pero a Marcelo Chimirri, por ser el sobrino de la presidente de Honduras, se los devolvieron todos, incluso la casa que había sido otorgada a la Cruz Roja.
Este hecho judicial aberrante e inmoral, ha sido avalado por el sistema judicial actual de Honduras y no ha habido objeción alguna por parte del Fiscal General de la República. ¿Por qué creen que permanece callado al respecto? Por cierto, que la Fiscalía jamás ha procesado tampoco la acusación que la Fundación Arcadia implicó al señor Marcelo Chimirri y a Óscar Danilo Santos Galeas, en aquel entonces era el Consultor Jurídico de Hondutel, en el asesinato del Ingeniero Alejandro Valentín Laprade Rodríguez, el 27 de marzo de 2007, cuyos audios de las grabaciones secretas de la extorsión que estos dos delincuentes hacían de los empresarios hondureños y que fueron publicadas en YouTube a través del siguiente enlace: clic aquí
Es jurídica y moralmente injustificable que al señor Marcelo Chimirri le hayan devuelto los bienes que le habían sido confiscados como parte de su condena por corrupción. Si tuviera Honduras un sistema judicial robusto, los bienes obtenidos de manera ilícita, ya sea por actos de corrupción, narcotráfico u otros delitos graves, deben permanecer confiscados o ser utilizados para resarcir el daño causado al Estado o a las víctimas, pero en Honduras, la justicia es solo para “los descalzos”.
Además, el silencio generalizado en torno a la restitución de los bienes confiscados a Marcelo Chimirri y la falta de acciones legales por parte de la Fiscalía General para revertir esa decisión evidencian cómo la corrupción permea no solo las esferas del Poder Ejecutivo, sino también el poder judicial y otros actores clave en la aplicación de la justicia. Este tipo de complicidades y debilidades estructurales ponen en evidencia la complejidad del sistema penal en Honduras, donde la aplicación selectiva de la ley permite que personas con vínculos políticos influyentes puedan beneficiarse de amnistías mal aplicadas y de la devolución injustificada de bienes. Y lo peor es que al pueblo le hacen ver que su presidente, lucha incansablemente contra la corrupción.
EL HERALDO: ¿Usted pone en duda la integridad del Fiscal General de Honduras?
RCB: Para muestra, un botón. Solo hay que ver la patética eficacia y eficiencia del actual Fiscal General de Honduras, el abogado Johel Antonio Zelaya Romero, cuya principal credencial para superar incluso a la doctora Jenny Almendarez Flores fue su estrecha relación con Marcelo Chimirri, quien en su época lo nombró como asesor en Hondutel. Pero vayamos a los hechos. Uno de los videos más comprometedores que vinculan a los Zelaya Rosales con el narcotráfico fue revelado por InSight Crime el 31 de agosto de 2024.
En este video, grabado por Devis Rivera Maradiaga, líder del cartel de Los Cachiros, utilizando un reloj espía semanas antes de las elecciones de 2013, se observa a Carlos Zelaya Rosales, quien en ese momento era el Secretario del Congreso Nacional, negociando un soborno de 650.000 dólares destinado a la campaña del partido Libre, liderado por su hermano, “Mel” Zelaya Rosales. Parte de esos fondos se repartirían entre actores políticos en regiones clave del país, y según el video, la mitad sería entregada a “El Comandante”.
La inmoralidad de la situación es evidente. Al día de hoy, el “académicamente ilustre” Fiscal General no ha mostrado ningún indicio de iniciar una averiguación de oficio, a pesar de la gravedad del delito de narcotráfico, uno de los delitos más graves bajo la legislación hondureña, por su impacto directo en la seguridad pública y la soberanía nacional.
Tampoco ha solicitado a las autoridades estadounidenses ni a InSight Crime, una organización de prestigio internacional, la remisión del video original. Esto deja en claro la ineficacia y complicidad de un Fiscal General que, en lugar de velar por la justicia, parece más interesado en encubrir a quienes deberían ser investigados. Pero vamos más allá. Con los elementos procesales que ya están sobre la mesa, el “imparcial” y “eficiente” Fiscal General, aplicando la normativa penal vigente, ya pudo haber imputado a Carlos Zelaya Rosales por diversos delitos. Primero, en el caso de la tentativa de soborno, el Código Penal de Honduras es claro al señalar que el soborno ocurre cuando un funcionario solicita o acepta dádivas o promesas para ejecutar u omitir un acto dentro de sus funciones.
Aunque Carlos Zelaya Rosales se dé golpes de pecho y ahora niegue haber recibido el dinero, la sola admisión de haber negociado con narcotraficantes para tal fin ya constituye tentativa, la cual también es sancionable.
Según el artículo 16 del Código Penal, la tentativa se configura cuando el autor comienza a ejecutar el delito, pero no lo consuma por razones ajenas a su voluntad. En este caso, la confesión de Zelaya es suficiente para que el Ministerio Público haya actuado de oficio y lo haya imputado.
El principio universal del derecho de a “confesión de parte, relevo de pruebas” es aplicable aquí. La propia admisión de Zelaya de haber participado en las negociaciones del soborno debería haber facilitado enormemente el proceso probatorio.
El Ministerio Público no solo tiene la facultad, sino el deber de actuar de oficio ante delitos de esta gravedad, y la inacción del Fiscal General es inaceptable. Su deber era claro: abrir una investigación, más aún tratándose de funcionarios públicos vinculados al narcotráfico, un delito que afecta gravemente la moral pública y la seguridad nacional y que la propia legislación hondureña establece plazos de prescripción larguísimos para estos delitos, precisamente por su gravedad.
El hecho de que el fiscal general no haya iniciado una investigación formal, a pesar de la existencia de pruebas contundentes y confesiones, evidencia su falta de independencia y compromiso con la justicia.
Es imposible no cuestionar su imparcialidad, especialmente considerando que fue nombrado bajo influencias políticas cercanas a la familia Zelaya Rosales. Sin embargo, lo más preocupante y repugnante de todo no es solo la imparcialidad del Fiscal General, sino el silencio de la presidente Xiomara Castro de Zelaya.
Mientras que en el pasado fue ella una férrea crítica del narcotráfico cuando el acusado era el expresidente Juan Orlando Hernández, ahora su falta de pronunciamiento ante las claras evidencias que involucran a su círculo más cercano, y que han sido señaladas por el mismo órgano judicial que enjuició a Hernández, es un claro ejemplo de su hipócrita doble moral roja rojita.
Esta omisión, más que una simple postura política, parece ser una estrategia de encubrimiento, lo cual, aunque no sea punible directamente, compromete gravemente la credibilidad de su gobierno en la lucha contra la corrupción.
Entonces, ¿dónde está la eficiencia del sistema judicial de un país cuya presidente ha denunciado el tratado de extradición con los Estados Unidos, dando a entender que el sistema judicial hondureño está “blindado” contra la corrupción? Si el Ministerio Público ni siquiera ha presentado un requerimiento fiscal contra Carlos Zelaya Rosales, a pesar de las pruebas ni ha detenido la devolución de los bienes a Chimirri, ¿cómo pretende la presidente procesar casos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado una vez cesado el tratado? En lugar de abordar estos temas, la presidente prefiere desviar la atención con su discurso de “golpe de Estado del oscurantismo”.
Si ese supuesto “grupo del oscurantismo” es el que observa y denuncia los crímenes del gobierno, entonces con todo gusto me sumo y sumo a Arcadia a ese grupo. Que nos acusen de lo que les venga en gana, pero no nos callarán para seguir denunciando lo inconcebible: que el fiscal general hasta la fecha ignore que la tentativa de soborno y el involucramiento con narcotraficantes son más que suficientes para que este caso ya hubiera llegado a los tribunales de justicia de Honduras y que los bienes confiscados a Chimirri son un acto ilegal e inmoral.
Pero, señores, si la Fiscalía sigue sin actuar, exhorto al Congreso Nacional a que abra una investigación e interpele al fiscal general.
Tras verificar su parcialidad o ineficiencia, el Congreso puede tomar las medidas disciplinarias pertinentes para destituirlo de su cargo, ya que tiene todas las facultades que el Poder Legislativo le confiere al efecto. La situación actual revela un sistema judicial manipulado, y la inacción del Fiscal General solo refuerza la percepción de que el Ministerio Público responde a intereses políticos, más que a la justicia y que la presidente de Honduras utiliza la manipulación del lenguaje para distorsionar la realidad y encubrir las graves acusaciones que rodean a su administración. Mientras el país enfrenta una crisis de corrupción y narcotráfico que amenaza la estabilidad y la seguridad nacional, la señora Zelaya prefiere desviar la atención con retóricas fabricadas de “golpes de Estado oscurantistas” y falsas conspiraciones extranjeras, en lugar de enfrentar las verdaderas causas de la crisis.
Este uso deliberado del lenguaje no solo busca construir una narrativa que victimice a su gobierno, sino también justificar su inacción frente a los crímenes que, en cualquier democracia funcional, deberían ser investigados y castigados.
Al convertir la oposición y la denuncia en “enemigos de la patria”, la presidente Xiomara Castro perpetúa un ciclo de impunidad que favorece a quienes están vinculados al poder, mientras que el pueblo hondureño sigue siendo víctima de un sistema corrompido desde sus cimientos.
La manipulación del discurso es la herramienta más poderosa en su arsenal, diseñada para mantener el control sobre las instituciones y proteger los intereses de su círculo cercano, dejando claro que la lucha contra la corrupción es, en su gobierno, poco más que una promesa vacía. Es un reflejo inquietante del control del lenguaje descrito en ‘1984’ de George Orwell (publicado en 1949), donde la verdad es moldeada a conveniencia del poder y el discurso oficial se utiliza para reescribir la realidad.
En el caso de Honduras, este uso del lenguaje no solo sirve para encubrir la corrupción, sino también para manipular al pueblo, distorsionando los hechos y fabricando enemigos imaginarios con el objetivo de mantenerse en el poder a cualquier costo.
