TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Casa Presidencial y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización boicotean el nombramiento de la abogada Mildred Johana Meléndez como comisionada ante el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Conaprev está integrado por tres comisionados, uno puesto por el Poder Legislativo, otro por el Ejecutivo y el tercero debe salir de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. Este tercer comisionado es el balance que evita el ocultamiento y la manipulación de los hechos de violación de derechos humanos.
El 25 de julio de 2023 en una asamblea instalada por César Paz, secretario general de la Secretaría de Derechos Humanos, en la cual participaron 30 organizaciones de la sociedad civil seleccionaron por mayoría a Meléndez como comisionada ante el Conaprev, pero, a pesar de que se cumplió legalmente con todos los requisitos y con el papeleo, la Secretaría de Gobernación no emite el acuerdo de nombramiento ni la juramenta.
Los comisionados de este mecanismo siempre han recibido el acuerdo y la juramentación por las autoridades de Gobernación, no obstante, ahora estas autoridades les dicen a los defensores de derechos humanos que esos trámites corresponden a la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige la ministra Natalie Roque.
Ante la negativa, Roque, a través del oficio SEDH-0932-2023 se dirigió al ministro de Gobernación, Tomás Vaquero Morris, informándole que en dos ocasiones la Secretaría de Derechos Humanos ha remitido la documentación relacionada a la Asamblea General que se llevó a cabo el 14 de julio y que en ambas ocasiones se las han devuelto.
Frente a la negligencia de Gobernación, recientemente, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante el Ministerio Público a Celso Alvarado, secretario general de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos y abuso de autoridad.
Ofensa
De acuerdo con Alba Mejía, directora del Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT) la semana anterior, y ante la negativa de Gobernación para emitir el acuerdo y la juramentación de Meléndez, un grupo de personas de las organizaciones de derechos humanos fueron a Casa Presidencial, donde una funcionaria les dijo que el nombramiento está en consulta con la Procuraduría y que lo mejor es que repitan la asamblea.
Esa es “una recomendación bastante ofensiva a lo que es la autonomía de las organizaciones de sociedad civil”. Hay personas que están pensando que el partido Libertad y Refundación (Libre) quiere imponer a la fuerza una persona afín a ellos, haciendo a un lado la práctica democrática de la inclusión, criticó Mejía.
Si bien, prosiguió, el Poder Ejecutivo y Legislativo ponen, de dedo y basados en su activismo político, a los comisionados, la asamblea de las organizaciones de sociedad civil no toma en cuenta ese criterio y basa la designación únicamente en las exigencias que señala el protocolo facultativo de la prevención contra la tortura que se refiere a experiencia, conocimiento y a un perfil ético. De esta manera se escoge a quien tiene el perfil que más se acerca a la necesidad de la institución, detalló Mejía.
Recordó que en Casa Presidencial se le dijo que previo a la asamblea debe haber un reglamento, “y estoy de acuerdo, pero ese reglamento no solo debe ser para la sociedad civil, sino para la designación de los tres comisionados”.
De acuerdo con la directora del CPTRT, los defensores de derechos humanos presienten que el boicot para evitar la llegada de Meléndez al Conaprev es porque el gobierno no quiere que se enteren de las torturas que la Policía Militar está cometiendo en las cárceles del país, donde “lo que impera es la ley Muñoz, la ley del director de la Policía Militar”.
Aseguró que solo entre julio y agosto de 2023 han documentado 549 denuncias de violación de derechos humanos en las cárceles. Por eso es que desde Casa Presidencial y desde la Secretaría de Gobernación se estaría tratando de evitar el nombramiento de Meléndez, sin apegarse al principio democrático de respeto a las mayorías.
El equipo legal de estas organizaciones civiles prepara un recurso de amparo para presentarlo en la Corte Suprema de Justicia, pero como sabe que la resolución sobre esa acción legal puede durar hasta 30 años, entonces también se trabaja para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) donde el Estado hondureño, en este gobierno, pasa tratando de justificar las violaciones a los derechos humanos.
