El gobierno de Honduras aprobó este martes en Consejo de Ministros la ampliación del decreto de emergencia en el sistema carcelario por doce meses más.
El proyecto de decreto ejecutivo fue presentado por el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, y contempla condiciones dignas para los reclusos en respeto a los derechos humanos, aunque no refiere cuáles serán las medidas que se tomarán para tal fin.
Esta es la tercera ampliación del decreto ejecutivo PCM-032-2010, que declara estado de emergencia en nueve centros penales
del país que se considera que están colapsados.
El decreto de emergencia se aprobó con la finalidad de atender la grave problemática de los centros y establecimientos penitenciarios ubicados en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Puerto Cortés, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto Lempira.
El documento justifica que el tiempo que duraron los dos anteriores decretos de emergencia no fueron suficientes para alcanzar mejores condiciones en las cárceles de Honduras, debido a que no se han concluido proyectos de vital importancia para ofrecer condiciones óptimas a los reclusos.
La medida se toma para 'seguir con el esfuerzo realizado para atender eficazmente la infraestructura en los centros penitenciarios y tomando en consideración que el tiempo establecido, no fueron suficientes, porque falta culminar proyectos de vital importancia para que las personas sean albergadas en optimas condiciones', se detalla en el proyecto de decreto.
La aprobación de la ampliación a este decreto de emergencia fue aprobada de manera unánime por el gabinete de gobierno, que se reunió en El Portillo en Manto, Olancho, al oriente de Honduras.
El pasado 14 de febrero de 2012, un incendio en la granja penal de Comayagua, en la región central de Honduras, cobró la vida de 361 personas.
A raíz de este hecho, el gobierno decidió extender por año más la emergencia en el sistema penitenciario que había sido emitida en octubre de 2010 por un período de ocho meses y ampliada en septiembre de 2011.
Recientemente, la granja penal de Juticalpa, en Olancho, al oriente de Honduras, estuvo a punto de convertirse en centro de otra tragedia cuando unos 400 reos se amotinaron
en protesta porque les habían retirado unas mesas de billar.
La ampliación de la emergencia carcelaria es de aplicación inmediata y debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta.
Honduras cuenta con 24 cárceles con una población penitenciaria de más de 12 mil reos que cohabitan en condiciones de hacinamiento.
