La disputa por el manejo del grupo camaronero estatal Hondufarms-Ibermar ha terminado salpicando al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional.
El arrendamiento de seis fincas, aprobado a través de un contrato firmado por el exsecretario de Finanzas, Héctor Guillén, al señor Douglas Rafael Perdomo Pinel, por la cantidad de 500,000 lempiras anuales, ha despertado fuertes sospechas por la denuncia del periodista Ariel D’Vicente de un supuesto pago de dádivas por 3.2 millones de lempiras al mencionado funcionario, del cual 1,125,000 lempiras le fueron decomisados por la Policía Nacional el martes anterior a su esposa Dinora Suyapa Aramburi López.
El supuesto pago de 3.2 millones de lempiras habría sido por la entrega de Exmar, Acuatec, Hondufarms, Fincamar, Culcasa y CWYC Camarón a los técnicos.
Precio de gallo muerto
Hondufarms-Ibermar ha cobrado notoriedad en el escándalo, ya que después de generar 40 millones de lempiras en utilidades a la Secretaría de Finanzas en el año 2010, quien preside el consejo de administración de ese grupo camaronero, Guillén firmó el 4 de julio de 2012 un contrato de arrendamiento con Perdomo Pinel por la irrisoria cantidad de 500,000 lempiras anuales.
+ Documento: Contrato de arrendamiento
El contrato tiene una vigencia de 18 meses. En 2011, ese grupo camaronero estuvo semiparalizado por las tomas de las fincas por los técnicos, lo que terminó en una acusación criminal en contra de los invasores y en la pérdida de casi 600,000 libras de camarón, equivalente a 30 millones de lempiras.
En la denuncia del comunicador se asegura que la firma del contrato se hizo con algunos de los hijos de los técnicos, ya que estos últimos tenían medidas por la toma de las fincas.
Gobierno responsable
El escándalo que salpica a Hondufarms-Ibermar tiene nombre y apellido: el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Finanzas aprobó el 15 de agosto de 2008 el Acuerdo 0846, publicado en La Gaceta 31,827 del 2 de febrero de 2009, a través del cual se autorizaba la venta del grupo camaronero mediante una subasta pública. Las seis fincas y la empacadora pertenecieron al desaparecido Banco Corporativo S. A. (Bancorp), en la que el gobierno destinó 1,359.1 millones de lempiras para restituir los recursos a centenares de clientes.
Con la llegada de Porfirio Lobo Sosa a la presidencia de la República, cercanos personajes del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, así como empresarios ligados a la industria de la camaricultura, comenzaron a disputarse esos bienes nacionales. A la lucha se sumaron los trabajadores temporales y permanentes de Hondufarms-Ibermar.
Cuando se esperaba que el gobierno rematara ese grupo de empresas, valoradas en un precio base de 170 millones de lempiras, Guillén decidió aprobar el cuestionado contrato de arrendamiento en el que el Estado dejará de percibir unos 40 millones de lempiras al año.
