TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La proliferación de compañías dedicadas a brindar seguridad, con fines de lucro, obligó a la Secretaría de Seguridad del Estado a tener un control sobre ellas con el fin de evitar la comisión de ilícitos y obtener un mejor servicio para la ciudadanía.
Es tanta la abundancia en la actualidad que, según el último dato obtenido por la entidad, existen en el país casi mil empresas dedicadas a este rubro; de ellas 587 son con fines de lucro y 411 de seguridad interna de corporaciones o industrias.
Para este fin se creó la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y otros Servicios (DIPSPS), como una unidad más de la Secretaría de Seguridad, la cual entró en funcionamiento en enero de este año.
El director de esta entidad policial, subcomisionado Edwin Cruz, explicó a EL HERALDO que “anteriormente, por falta de personal policial para la supervisión, se había dado la proliferación de empresas de seguridad que se constituían sin cumplir los requisitos mínimos”.
Les contaron las costillas
“Solo en este año esta dirección ha citado a 685 empresas a nivel nacional por maltrato a los ciudadanos, no andar correctamente sus uniformes, entre otras faltas, que ameritan una audiencia de descargo”, señaló Cruz.
Las sanciones aplicadas a las compañías de seguridad debidamente registradas van desde los ocho salarios mínimos hasta el cierre definitivo de las empresas.
Estas revisiones y auditorías, practicadas desde enero pasado, han dejado como resultado el decomiso de más de 700 armas de fuego.
La confiscación de estas armas ha sido por diferentes motivos: el mal estado de las mismas, por no tener sus documentos en regla, series borradas, por no contar con un registro balístico vigente, entre otras anomalías.
“La Ley de Control de Armas establece que para evitar el tráfico de armas, todas las empresas tienen que tener sus armas con sus registros balísticos y estar a nombre de la empresa mercantil, si no es así nosotros estamos en la obligación de decomisarlas”, argumentó.
Durante las inspecciones realizadas en estos nueve meses a las 685 empresas de seguridad privada, “hemos encontrado armas robadas, que las hemos remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”, aseveró el director Cruz.
Casi igual al número de policías
La DIPSPS registró en su último censo a nivel nacional 13,313 guardias empleados en las 998 compañías de seguridad registradas en las asociaciones de este rubro.
Pero de este extenso número de celadores no todos están aptos para desempeñar tal función.
Según el director de la DIPSPS, “hay muchas empresas que han contratado guardias que ni siquiera manejar un arma pueden, el único requisito para ser guardia de seguridad es ser mayor de 21 años y ya estuvo, pero con la nueva Ley de Armas se deberá evitar lo que está sucediendo”.
“El que quiera ser guardia va a tener que pasar todas las pruebas de confianza, porque no es posible que la Policía y todos los operadores de justicia pasemos por pruebas de confianza y un guardia de seguridad que cuida los bienes y la vida de las personas contraten a cualquiera”, aseguró Edwin Cruz.
Al entrar en vigencia la Ley de Control de Armas, deberá ser obligatorio la práctica de todos los exámenes toxicológicos, de conducta y físicos para que un guardia de seguridad pueda desempeñar tal función.
Los que no aprueben estos estudios podrán realizar actividades de vigilancia, pero desprovistos de armas.
La recién creada nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, aprobada el pasado 19 de septiembre en el seno del Congreso Nacional, también vendrá a regular el funcionamiento de las compañías.
Esta legislación normará las licencias de la portación restringida de las armas utilizadas por las agencias de seguridad privada, debiendo cumplir con los requisitos establecidos para la portación de armas de fuego, tal y como reza en el artículo 87 de este precepto.
Vienen cambios drásticos
La Secretaría de Seguridad permite a las compañías de seguridad el uso de las armas revólveres calibre 3.57 milímetros y 38 mm, así como las pistolas automáticas 9 mm y las escopetas calibres 12, 14 y 16 mm.
Todas estas armas que estén en poder de guardias de seguridad deben tener obligatoriamente un registro balístico, de lo contrario tendrían que ser decomisadas por la DIPSPS.
La Ley de Control de Armas entraría en vigencia en enero del próximo año, con lo que vendrían cambios drásticos en el funcionamiento de las compañías de seguridad privada que funcionan en el país.
