TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sistema de transporte del país sigue siendo un mundo tenebroso, sin control y donde el más sacrificado es el usuario, que a diario sufre o muere al subirse a las unidades.
A menos de tres años de estar conformado el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) no se ven avances o mejoras en el servicio, mientras que en los pasos que se han dado, el juego de intereses particulares ha desbaratado los procesos.
La falta de transparencia en la oscura selección de la empresa Smartmatic para que maneje el Sistema Nacional de Seguridad del Transporte Público Terrestre de la capital ha evitado que se monten tan anunciados sistemas tecnológicos.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO comprobó que en el proceso de estructuración del proyecto participaron como asesores varios extranjeros que ahora están en prisión por fraude en la implementación de los mismos sistemas.
Una de las asesoras del consorcio denominado Sistema Integrado de Transporte Hondureño Sociedad Anónima (SITHSA), presidido por Marbyn Galo, fue la señora Reina María Gómez Gonzales.
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Esta señora fue capturada en septiembre de 2018, después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la acusara de ser parte de la sustracción de unos 270 millones de quetzales por medio del proyecto de seguridad al transporte Transurbano.
Quien lideró el proyecto fue su hermano Luis Gómez, como parte de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) con financiamiento del gobierno, en el mandato del expresidente Álvaro Colom, quien fue capturado por este escándalo.
En Guatemala ofrecieron los mismos sistemas que en Honduras y se promovió el cambio de una parte de la flota.
2018Año en que debió estarfuncionando el sistema de seguridad en las unidades de transporte. |
Los empresarios sacaron de circulación algunas chatarras, llamadas allá “tomates” porque eran de color rojo, pero el reemplazo no se vio en su totalidad.
Tampoco se vieron los sistemas de seguridad y aunque la violencia se redujo por un tiempo, luego continuó en las unidades de la capital de Guatemala.
Al recibir fondos del Estado como subsidios para este proyecto, los empresarios debían rendir cuentas a los entes contralores y nunca lo hicieron, generando el colapso del sistema.
Existe evidencia de que Reina Gómez Gonzales estuvo en la estructuración del proyecto y en las negociaciones con las autoridades y asesores internacionales del IHTT.
Así los transportistas decidieron realizar una licitación privada y evitar de esta forma los controles de auditoría del Estado.
Para lograr esto nació el acuerdo ejecutivo número IHTT-001-2017 donde menciona que el proyecto será financiado “total y absolutamente por los concesionarios del transporte público terrestre, principalmente de personas, es decir, fondos privados”.
Sin embargo, el riesgo de la inversión la asumirá el operador del proyecto, ya que los transportistas acordaron que la empresa que gane lo instale por completo y que se cobre los gastos a medida vayan recolectando la tarifa por medio del fideicomiso.
Pero tampoco es cierto que la inversión es completamente privada, ya que mediante decreto legislativo 100-2017 se autorizó pagarles 130 millones de lempiras a los transportistas en subsidios y devolución de Impuestos Sobre la Venta (ISV) por la compra de unidades nuevas.
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Asimismo se aprobó para el presupuesto del año fiscal 2018 un monto de 355 millones de lempiras para la compra de buses nuevos para la capital que serán entregados a los consorcios ya establecidos.
En ese sentido, en todo este proceso sí existen fondos públicos que van a ser manejados por entes privados sin que haya supervisión de las instituciones contraloras del Estado.
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Investigación
La presencia de Gómez como asesora de SITHSA ha despertado las alarmas porque se ha seguido el mismo proceso que en Guatemala y recomendó que todo se hiciera como inversiones privadas.
Fuentes de la Unidad Investigativa de EL HERALDO afirmaron que Gómez incluso solicitó a algunas empresas que participaban en el proceso de licitación que permitieran que los mismos transportistas fueran socios del operador del sistema de seguridad y de recaudo.
Empresarios del transporte entrevistados por EL HERALDO, que prefirieron no ser identificados, aseguraron que tienen miedo que mediante este proceso vayan a desviar el dinero de la tarifa y los lleven a la quiebra o les roben los ingresos.
“El problema es que no hay transparencia y un pequeño grupo está manejando los consorcios con las autoridades de Transporte y el gobierno les va a dar todo este dinero a ellos para compra de unidades”, declaró una fuerte.
Son 485 millones de lempiras que tiene presupuestado el gobierno entregar a los transportistas, de los cuales según el artículo 9 del decreto 100-2017, un total de 130 millones es para el pago del subsidio o bono que ofreció el gobierno a los operadores de las unidades amarillas en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa y en el primer mandato de Juan Orlando Hernández.
Los otros 350 millones son para compra de unidades, que según los términos de referencia del proyecto son 280 nuevas unidades, tipo padrón de dos a tres puertas que se pretenden comprar.
Los ejecutivos de SITHSA han viajado por varios países del mundo viendo buses y ya tienen definido las unidades a comprar. Algunas empresas han sobrevalorado hasta en 10,000 dólares cada unidad, según las fuentes.
Los transportistas entrevistados por EL HERALDO declararon que “demandamos una investigación seria de todo el proceso porque está en juego nuestra inversión, el patrimonio de nuestra familia”.
La documentación en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO establece que el proyecto se divide en cuatro fases y estaba programado para que iniciara en enero de 2018.
La primera fase debía iniciar en enero de 2018 y consistía en implementar el sistema en 658 unidades de las rutas más conflictivas de la capital.
La segunda fase comenzaría en abril de ese año con 184, la tercera y cuarta fase sería en julio del mismo año al completar la instalación de todo el sistema con 1,006 unidades.
Pero nada de esto se ha logrado por la dudosa procedencia de algunas empresas que participaron en el proceso de licitación y por la falta de transparencia.
Según una parte de los transportistas, no saben quién es Smartmatic, cómo va a distribuir sus ingresos, qué garantías hay de que ya no van a pagar extorsiones y si los procesos son limpios.
EL HERALDO conoció que una parte de los transportistas solicitó que uno de los veedores del proceso fuera la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pero no fue aceptada.
Alrededor de todo este proceso existen varias empresas llamadas de maletín y, según fuentes de la Unidad Investigativa de EL HERALDO, buscan aprovechar estos procesos sin garantías de transparencia y eso ha puesto en alerta a los bancos para no aceptar el fideicomiso de recaudo.
EL HERALDO intentó ayer hablar con la comisionada presidente del IHTT, Pyubani Williams, pero no respondió los mensaje ni las solicitudes de entrevista por medio del departamento de Relaciones Públicas.
Expertos en licitaciones consultados por EL HERALDO consideran que el proceso está fracasado desde el momento que ningún banco quiere tomar el fideicomiso.
