Tegucigalpa, Honduras
Para la depuración policial el país podría requerir hasta 500 millones de lempiras que se utilizarán en el pago de prestaciones de los elementos que sean despedidos.
Según Ebal Díaz, asesor presidencial, la ley de depuración especial da facultades al Poder Ejecutivo para la colocación de bonos tanto a nivel nacional como internacional para obtener dinero para la cancelación de derechos.
Al consultarle sobre el costo que tendrá este proceso, Díaz aseguró que “no sabemos, podrían ser 200, 300 o 500” millones que se obtendrían mediante la colocación de bonos.
“Yo hablaba con la Secretaría de Finanzas y me dicen que están listos, pero no sabemos, eso nos lo va a dar el secretario de Seguridad y la comisión en el momento en que estén implementando esta ley”.
Explicó que tampoco se conoce la cifra de depurados, pero dijo que “obviamente hay listados, hay documentos, hay expedientes”, pero será la comisión la que traslade la información a Finanzas.
Informó que esta comisión podría estar integrada por tres o cuatro personas que serían nombradas por el Presidente entre lunes y martes de la próxima semana.
“Tienen que ser personas primero que conozcan del tema, que le hayan dado seguimiento, que estén comprometidas con el tema de rescatar la policía a través de este proceso de depuración, y personas que le den credibilidad al proceso”, comentó.
Aseguró que hasta el momento no se conocen los nombres de los que serán comisionados, ya que el nombramiento es una facultad del presidente Juan Orlando Hernández, quien ya analiza varios perfiles.
Las diferencias
Díaz apuntó que, contrario a los intentos de depuración policial realizados en el pasado, en esta ocasión existe voluntad política.
“Primero la voluntad política, fíjese bien que todas las bancadas apoyaron este decreto; segundo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde están el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el fiscal general del Estado, que están alineados en la visión de recuperar la paz y la tranquilidad”, expresó.
Sanción
Este viernes el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sancionó lo que denominó en su cuenta de Twitter como “Ley de Emergencia Nacional para la Depuración Policial”, aunque el decreto que el Congreso Nacional aprobó no lleva ese nombre.
Una vez sancionado, el mandatario envió el decreto legislativo al diario oficial La Gaceta y este fue publicado este viernes antes de las 7:00 de la noche.
El prosecretario del Congreso, Tomás Zambrano, acompañó al gobernante en el acto de sanción y fue este quien trasladó el decreto a la Empresa de Artes Gráficas.
El decreto establece que el Poder Ejecutivo podrá erogar para prestaciones un monto global que no supere el límite de endeudamiento interno para 2016.
Para el ejercicio fiscal 2016, el Poder Ejecutivo aprobó 17,260.1 millones de lempiras en concepto de endeudamiento interno para cubrir el presupuesto de ingresos.
El presupuesto de la Secretaría de Seguridad para este año es de 5,952.7 millones de lempiras, de los que 5,518.9 millones proceden de fuentes internas y 433.8 millones son recursos externos. El 77.1% de los recursos asignados son para la partida de “servicios personales”, o sea el pago de salarios, donde se incluyen sueldos y aportes patronales.
El Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (Sirep) de la Secretaría de Finanzas (Sefin) revela que la Secretaría de Seguridad cuenta con 14,701 empleados, con una planilla mensual de 192.7 millones de lempiras y con 116.7 millones en salarios netos.
Esta norma contiene nueve artículos que establecen una serie de medidas para despedir de forma expedita a elementos de la Policía Nacional que carezcan de “idoneidad” y “confianza” para seguir en sus cargos. “Son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”, según el artículo 2.
La Comisión Especial de Depuración que se crea con esa ley, que dependerá del ministro de Seguridad, será la encargada de medir la idoneidad de los uniformados según las definiciones establecidas en la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de las Pruebas de Evaluación de Confianza y su reglamento.
El ministro de Seguridad está facultado para despedir a los efectivos de acuerdo con los resultados de las pruebas de confianza que aplique la comisión.
Para viabilizar la aplicación de este decreto se suspenden por 12 meses siete artículos de la Ley Orgánica de la Policía, que contienen los procedimientos disciplinarios y de terminación de la carrera policial.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad establecerá un mecanismo especial de protección para los ciudadanos que presten colaboración y den información veraz a la Comisión Especial de Depuración.
La podredumbre dentro de la Policía Nacional quedó nuevamente expuesta luego de que EL HERALDO revelara que, de acuerdo con un informe de la institución, miembros de la cúpula policial planificaron y asesinaron al zar antidrogas Julián Arístides González. El general Arístides González fue acribillado por un policía sicario motorizado cuando se conducía en una camioneta el 8 de diciembre de 2009 en el barrio Guanacaste de la capital.
El presidente Juan Orlando Hernández reaccionó a esta denuncia y envió al Congreso Nacional el proyecto de decreto de depuración antes mencionado
