Tegucigalpa, Honduras
La mano de la justicia ha alcanzado a por lo menos media docena de jefes edilicios del país.
Sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada los tienen en el banquillo de los acusados y hoy están encerrados en la cárcel.
En menos de dos años son seis los alcaldes que se encuentran en prisión por su supuesta participación en bandas criminales que han enlutado a muchas familias, así como en otras actividades que estarían ligadas al crimen organizado.
Otro fue capturado por la Policía, pero logró recobrar su libertad por falta de méritos.
Entre la media docena de funcionarios municipales presos se contabilizan tres de filiación nacionalista, Arnaldo Urbina Soto, de Yoro; Ramón Daniel Sarmiento, de Juticalpa, Olancho; y José Adalid González, de Sulaco, departamento de Yoro.
Los otros tres pertenecen al Partido Liberal y responden a los nombres de Jorge Neftalí Romero, de Talanga, Francisco Morazán; Jairon Arnoldo Chinchilla, del municipio de San Fernando, Ocotepeque; y Víctor Manuel Meza, de Reitoca, en el sur de Francisco Morazán.
Se confirmó que Ramón Sarmiento, Neftalí Romero y Meza se encuentran en el centro de detención preventiva del Primer Batallón de Infantería en Las Tapias, Mateo, en el Distrito Central.
Mientras tanto, Urbina Soto está recluido en el Tercer Batallón de Naco, Cortés; González en la Penitenciaría Nacional Marto Aurelio Soto (PNMAS) en Támara y Chinchilla en el penal de San Pedro sula, según se informó.
Salpicados por el crimen
Unos han sido señalados como cabecillas de bandas de crimen organizado, otros de estar implicados en crímenes múltiples y en almacenamiento de armas prohibidas, mientras que a los demás los vinculan con lavado de activos y con otras actividades del crimen organizado.
El primer jefe edilicio en ser capturado fue el del municipio de Yoro, Arnaldo Urbina, quien fue señalado como presunto líder de una banda a la cual se le acreditan múltiples asesinatos.
El segundo fue Sarmiento, supuesto responsable de los delitos de tenencia y almacenamiento ilegal de armas y munición de uso no comercial, así como de uso de documentación pública falsa.
A la lista se sumó el edil de Sulaco, presunto cabecilla de la banda de Los Banegas, dedicada al sicariato, asalto a carros repartidores, robo de ganado y asaltos en buses interurbanos, entre otros delitos, según la información que proporcionó la Policía tras su captura en octubre del año pasado.
Ya en el 2016 se sumaron a la lista otros tres jefes edilicios. El de Talanga, por el delito de asociación ilícita y lavado de activos, el de San Fernando, Ocotepeque, por asesinato y asociación ilícita.
El último alcalde capturado fue el de Reitoca, a quien la Policía supone responsable del asesinato de seis personas el domingo recién pasado en la misma zona.
Los seis ediles enfrentan procesos por dichos delitos y hasta la fecha ninguno ha sido sentenciado.
La interrogante que queda en el aire es cuántos alcaldes más siguen en la lista, ya que las capturas no han cesado.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Luis Osavas, manifestó que son muchas las actividades delictivas que se generan en el país.
Desafortunadamente, dijo, vemos funcionarios que debieran estar al servicio del pueblo, pero están cometiendo delitos.
Reiteró que es lamentable ver la participación de varios alcaldes involucrados en delitos, pero “eso no es la generalidad, porque hay buenos funcionarios y siempre van a existir esos que se salen del marco de la ley”.
Manifestó que no se puede afirmar que existan más ediles involucrados en delitos ni en qué porcentaje, pero que hay agencias que están trabajando en investigaciones a raíz de los casos que han salido a la luz y les están dando seguimiento a la problemática.
