Tegucigalpa, Honduras
Unas 30 mil rutas del transporte urbano e interurbano serán sujetas a revisión al comenzar a aplicarse la nueva Ley de Transporte Terrestre.
Con esta medida se busca reorganizar el sistema de transporte público, actualmente bajo ataque de bandas del crimen organizado en detrimento del servicio que requieren los usuarios.
Según Yovanny Dubón, titular de la Dirección General de Transporte, esta cifra aproximada incluye tanto rutas urbanas como interurbanas.
Pero recordó que antes de este reordenamiento se deberá realizar un estudio que identifique las rutas en cada uno de los corredores.
Este trabajo sería realizado con la asistencia de un experto extranjero que estaría siendo contratado por el Estado de Honduras para conducir el proceso, según dijo Dubón a EL HERALDO.
Al respecto el asesor presidencial, Ebal Díaz, señaló que la contratación de la persona o el grupo de trabajo que realice el reordenamiento de las rutas, será una potestad de las nuevas autoridades.
Indicó que esto no se define en el reglamento, por lo que será una decisión que deberán tomar las nuevas autoridades de forma colegiada.
Y es que la nueva ley en su artículo número 4 crea el Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Honduras (INTTH), que será rectorado por tres comisionados.
Estas personas serán nombradas, rotadas y en su caso removidos por el Presidente de la República, según indica el artículo 8 de esta misma normativa.
Las autoridades han planteado que el reordenamiento de estas rutas podría contribuir a la disminución de los actos violentos que se han registrado en varias unidades de autobuses en las últimas semanas.
Días atrás el mismo asesor presidencial denunció que muchos de estos hechos estaban relacionados con la pelea de rutas, ya que el rubro había sido penetrado por el crimen organizado.
Urgencia
Solo en 2016 el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha registrado la muerte violenta de 63 conductores de autobuses.
Las causales son múltiples, pero en su mayoría se relacionan a la extorsión.
La cifra alerta a las autoridades de gobierno para poner en marcha las medidas de seguridad dictadas en el artículo 89 de la ley.
Este manda la creación del Sistema Nacional de Seguridad del Transporte Público Terrestre, que será articulado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la participación que a los concesionarios corresponda.
La normativa detalla que se deberá hacer uso de tecnologías de la comunicación o la información, en las que se incluye detector de metales, sistema de posicionamiento global (GPS), el uso de un sistema de cámaras en tiempo real dentro de las unidades y distribuidas en diferentes puntos de la ruta.
Además de un sistema de monitoreo y seguimiento de las unidades del transporte, mecanismos de botones de pánico o de alerta a las autoridades para lograr respuesta inmediata contra las actividades delictivas.
Este artículo también advierte que para ninguna unidad de transporte de personas se extenderá certificado de operación sin que previamente se verifique que cuenta con los dispositivos de seguridad.
Sin embargo, para poner en marcha estas medidas se requiere la elaboración del reglamento, proceso que encabeza Ebal Díaz y el ministro de Obras Públicas, Roberto Ordóñez.
El plazo otorgado por el presidente Juan Orlando Hernández para la estructuración de este reglamento caduca este 20 de junio.
Autoridades del Ejecutivo aseguran que ya han concluido el reglamento, pero que falta su socialización
