Un nuevo “paquetazo fiscal” pretenden aprobar el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
El presente gobierno tiene en su haber cinco ajustes y ya está en el Poder Legislativo el proyecto de la “ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público para el fortalecimiento de las finanzas públicas”.
La administración de Porfirio Lobo Sosa y Juan Hernández quedarán en la historia democrática de Honduras por la mayor cantidad de “paquetazos” aprobados en un período constitucional de gobierno (cuatro años).
El nuevo ajuste fiscal surge horas después de que el presidente de la República admitió ayer problemas en las recaudaciones tributarias y a pocos días de que regrese al país la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a negociar un nuevo programa económico para un período de 18 meses de vigencia.
EL HERALDO
tuvo acceso a la “ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, contenida en un documento de 20 páginas y enviada ayer al Congreso Nacional por el secretario de Finanzas, Héctor Guillén.
Eliminarán exoneraciones
El objetivo del sexto “paquetazo” es fortalecer las finanzas públicas mediante la racionalización de las exoneraciones y control del gasto público, de acuerdo con la iniciativa de ley.
En materia de exoneraciones quedan derogadas todas las exenciones y franquicias aduaneras a la importación de mercaderías, establecidas en decretos o leyes especiales, incluyendo las emitidas a favor de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sus dependencias.
Se exceptúan las del cuerpo diplomático, consular, organismos internacionales; las donaciones otorgadas a los poderes del Estado y sus dependencias en efectivo o en especie; los bienes en tránsito de importación o exportación temporal bajo las leyes aduaneras; Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco, Cruz Blanca, incluyendo vehículos y compras locales de bienes y servicios.
Se mantienen las contenidas en la Ley de Incentivos al Turismo (LIT) y Zona Libre Turística (Zolitur); las compras locales que realicen las Zonas Libres (Zoli); las otorgadas a las tiendas libres que operen en los aeropuertos; las donaciones en especies que reciban los organismos privados de desarrollo (OPD) y los organismos no gubernamentales (ONG).
También se mantienen las contenidas en el Decreto número 6 de 1958 y sus reformas, contentivo de la Ley de Emisión del Pensamiento; las iglesias; las exoneraciones a la Escuela Agrícola Panamericana, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); las otorgadas a los discapacitados, pensionados o rentistas, incluyendo vehículos de hasta 30,000 dólares, entre otras.
La nueva ley manda que los beneficiarios de exoneraciones deberán registrarse previamente en la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) velarán para que no se otorguen las exenciones de manera discrecional.
Por otra parte se aprobará que los combustibles pagarán los impuestos en un 100%; en el caso de vehículos el monto máximo a exonerar será hasta 30,000 dólares y en los bienes suntuarios solo se considerará el 50% del valor de la mercancía, bien o producto.
Se exceptúan las importaciones o compras locales de vehículos que realice el cuerpo diplomático y consular, los organismos y agencias internacionales; los organismos de socorro y las secretarías de Defensa y Seguridad.
También quedan derogadas todas las exoneraciones otorgadas en concepto de Impuesto sobre la Renta mediante leyes generales o especiales, excepto las concedidas por la Constitución de la República; los convenios o tratados internacionales; el cuerpo diplomático y consular; regímenes especiales; iglesias; las municipalidades, asociaciones patronales, entre otras.
Fiscalización
El sexto paquetazo fiscal contempla que en aquellos casos en que por pagos efectuados por el Estado derivado de compraventa de bienes, indemnizaciones por expropiación, compra de derechos y títulos valores se produzca o se determine ganancia de capital, el Estado hará la retención del 10% que establece el Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Asimismo, para efectos de control y fiscalización se establece con carácter obligatorio el dictamen o informe fiscal para las personas jurídicas que reúnan cualquiera de las condiciones o requisitos siguientes: haber tenido un activo total superior a 10 millones de lempiras en el ejercicio fiscal anterior al que se dictaminen y haber obtenido un ingreso total superior a cinco millones de lempiras en el ejercicio fiscal anterior.
La Secretaría de Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos emitirán el reglamento para determinar el procedimiento y requisitos para la elaboración del informe y el dictamen fiscal.
Otras medidas
Por otra parte, la ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control del gasto público para el fortalecimiento de las finanzas públicas, en su artículo 38, autoriza a la Secretaría de Finanzas para efectuar una ampliación de 6,200 millones de lempiras para cubrir gastos de inversiones en generación eléctrica, emergencias por desastres naturales, subsidio focalizado a los usuarios de la ENEE hasta 120 kilovatios hora al mes, defensa y seguridad ciudadana, infraestructura vial prioritaria.
La ampliación presupuestaria será financiada con mayores ingresos tributarios; crédito interno que incluye la emisión de bonos adicionales a los contemplados en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2012, y la obtención de préstamos con el sistema bancario nacional.
Se instruye a la ENEE para que proceda a la implementación efectiva del Proyecto Mejora de la Eficiencia en el Sector Energía (Promef). En cuanto a Hondutel, la Secretaría de Finanzas deberá preparar un plan para restaurar la viabilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa, tratando de identificar nuevos modelos de negocios
También se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que suscriba convenios de suministro de cemento con las corporaciones municipales que lo soliciten para la ejecución del programa denominado “Kilómetro municipal”.
