Tegucigalpa, Honduras
El Poder Judicial aún no ha recibido el veto presidencial sobre las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito que sería turnado por el Congreso Nacional (CN) para su análisis.
“Hemos hecho las consultas y de acuerdo a lo que se nos ha informado tanto en la secretaría general, en la oficina donde se reciben los documentos en la Presidencia y tampoco en la secretaría de la Sala Constitucional y no se ha recibido ninguna documentación referente a este veto presidencial en relación a la Ley de Privación de Dominio”, informó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.
Indicó que ese poder del Estado está a la espera del documento para canalizarlo a las unidades que corresponda.
El Poder Judicial analizará el veto y las reformas en dos aspectos.
El primero es a través de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que esta pueda emitir una opinión en torno a si es conveniente ejecutar las polémicas reformas o no, tal y como lo solicitó el Congreso Nacional.
El Poder Legislativo dio un plazo de 90 días para que este órgano jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto.
Pese al plazo, la opinión de la Sala Constitucional no es vinculante, explicaron algunos expertos.
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El segundo análisis lo hará la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, la que fue convocada para tal efecto por el presidente de la misma, Rolando Argueta Pérez.
Fue una recomendación del presidente Juan Orlando Hernández, en el veto, que dichas reformas fueran analizadas por la comisión.
“La comisión es un espacio de concertación y de temas en materia en la cual están representados los representantes las instituciones del sector justicia y lo que se hace en el seno es tomar decisiones y establecer líneas de políticas públicas en relación a la aplicación de situaciones que tienen que ver con la materia penal”, explicó Duarte.
La comisión está conformada por ocho entidades: el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público. Igualmente la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, el Congreso Nacional de la República y la Dirección General de la Defensa Pública.
El Congreso Nacional enviará de enlaces al diputado Mario Pérez, que fungió como titular de la comisión de dictamen de las enmiendas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, y se pedirá se escuche a Denis Castro Bobadilla, congresista que fue el proyectista de las enmiendas.
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Reacción
Por su parte Reinaldo Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), dijo que las recomendaciones sobre el veto de la Ley de Dominio “deben surgir de técnicos expertos y no de una discusión política, que le pueda dar la garantía al país de que la lucha contra la corrupción y la impunidad y, sobre todo, el crimen organizado y narcotráfico que es donde más se ha golpeado con esta ley, pueda continuar sin detenerse”.
“Este no es el primer veto que se ha dado, ya han habido otros anteriormente, razón por la cual en un sistema democrático como el nuestro la Constitución permite que se tomen”, dijo Sánchez.
