La defensa legal de la familia de la difunta dirigente indígena, Berta Cáceres Flores conformada por los abogados Víctor Fernández y Rodil Vásquez, manifestaron a EL HERALDO que la Fiscalía los ha excluido del proceso de investigación.
Además, exigieron mayor participación en el caso ahora que se ha capturado a cuatro personas vinculadas con el asesinato de la ambientalista.
En la actualidad desconocen los documentos y pruebas que se van a presentar en la audiencia inicial que se realizará el viernes 6 de mayo, indicaron los representantes legales.
Ambos profesionales del Derecho exteriorizaron su descontento debido a que se han enterado de lo que ha ocurrido, gracias a lo que han publicado los medios de comunicación.
El Ministerio Público (MP) mantiene en secretividad el expediente así como las investigaciones de este caso y por tal razón no tienen un criterio definido para la próxima comparecencia.
Un manifiesto público emitido por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) subraya que 'debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas'.
Ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles; lamentamos que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público no se han desarrollado con nuestra participación, ni se hayan escuchado nuestras voces', añade el comunicado del Copinh.
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Satisfacción
Tras la detención de los imputados, el abogado Vásquez acudió al MP para conocer sobre las acciones que se estaban tomando en el caso, donde expresó su satisfacción con los resultados de la Operación Jaguar, pero demandó que se les tome en consideración en el proceso indagatorio.
Es una vergüenza que miembros de la institución castrense estén participando en este tipo de crímenes', sentenció Rodil Vásquez.Por su lado, Olivia Zúniga Cáceres, hija mayor de la extinta lideresa lenca exhortó a que se ponga tras las rejas a más implicados en este hecho, entre ellos funcionarios públicos así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
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