Para el abogado Fredy Cerrato, presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), “dado que hay una suspensión de los plazos, de los términos judiciales y que no se está trabajando en el Sistema Judicial, el Poder Legislativo debe aprobar un nuevo plazo para la entrada en vigencia del mencionado instrumento jurídico”.
“El Congreso Nacional debe considerar postergar la entrada en vigencia a efecto de que, una vez pase la emergencia nacional por el coronavirus, se vuelva al análisis del caso, porque prácticamente con lo del confinamiento ha sido tiempo perdido”, consideró.
Además, el legislativo debe tomar en cuenta lo señalado por el Poder Judicial de que los operadores de justicia necesitan tiempo para prepararse en la aplicación de ese código, así como detectar las falencias y las fortalezas de este en esa discusión y aprendizaje.
“Este código tiene un carácter de aplicación general y cada uno lo mira desde su óptica, fue elaborado por los hacedores de leyes en el país, y aprobado por los diputados del Congreso Nacional, en un momento cuando ellos mismos están sometidos a un veredicto público en función de las evidentes actuaciones irregulares, sobre todo en el manejo de los recursos del Estado”, recordó Cerrato.
El decreto legislativo 130-2017 publicado en La Gaceta el 10 de mayo del año pasado contiene el nuevo instrumento jurídico, en cuya redacción participaron algunos profesionales del derecho vinculados a la defensa de clientes acusados de corrupción por el Ministerio Público. Otros sectores sostienen que no fue ampliamente consensuado.
Esto llevó a que, tras conocerse su publicación, diversos sectores de la sociedad cuestionaran la normativa, no solo porque reduce las penas a los delitos de corrupción y de narcotráfico, sino porque permitirá que muchos sentenciados salgan de la cárcel, argumentando el principio de la retroactividad.
La nueva disposición legal entraría en vigor el 10 de noviembre del año pasado, sin embargo, ante los cuestionamientos y la presión social, el Congreso Nacional extendió el plazo hasta este próximo 10 de mayo.
Este periodo sería destinado a un consenso, sin embargo eso no se ha dado porque la sociedad ha estado inmersa en la crisis del coronavirus, además de que algunos empresarios y grupos sociales exigen la derogación del decreto 130-2017 y proponen que se redacte un nuevo Código Penal de manera transparente y que responda a la realidad nacional.
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Revisión general
Para el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, debe realizarse una revisión general de la nueva normativa. El Código Penal es el límite de la política criminal, y esta comprende las medidas que se toman para reprimir el crimen, ya sea mediante un modelo de represión basado en un derecho democrático o un modelo totalmente autoritario, afirmó.Señaló que está probado que las medidas de política criminal plasmadas en la legislación penal no han servido en los últimos diez años para reducir eficientemente la violencia.
Entonces, se requiere una revisión general del código para acomodarlo a la realidad político criminal del país. Por ejemplo, el delito de pandillerismo que es grave para Honduras en este nuevo código no aparece, por lo menos con esa denominación.
Por otro lado, se juzga a las personas jurídicas, lo cual es un tema interesante pero demasiado avanzado para la realidad socioeconómica de los hondureños. Incluso es un tema que todavía se debate en Europa, sobre el cual los grandes penalistas no se ponen en consenso.
“Yo diría que entre en vigencia pero que automáticamente se genere una revisión general del mismo para hacer en una sola reforma los cambios que sean necesarios para que sea un código que tenga duración. No es admisible en Latinoamérica un código que no tiene ni exposición de motivos, no es admisible en nuestro país un Código Penal que antes de entrar en vigor está siendo objeto de reformas”, cuestionó Pineda.
Sobre la posición de varios sectores de que es una ley generadora de impunidad, el abogado y analista sostuvo: “a través de la historia de la humanidad se ha concluido que las leyes penales son la expresión de los grupos de poder, y como en países latinoamericanos la gente del crimen organizado y los corruptos están enraizados en los centros de poder pues estos códigos van a ser tolerantes, muy lapsos, respecto a los delitos que pudieran afectar a los que los promueven”.
10 de noviembre de 2019era la primera fecha cuando entraría en vigor el Código Penal, pero el tiempo se aplazó por presiones de la sociedad. |
Argumentó su posición trayendo a colusión la reforma que se le hizo al artículo 184 del Código Procesal Penal que prácticamente cambió el modelo procesal garantista.
Con ese cambio, “mire que dentro de los delitos que mantienen la posibilidad de ser oídos en libertad son los delitos que tienen que ver con la afectación del patrimonio nacional, los delitos de corrupción, estos delitos se ven con una tolerancia tremenda, representa los intereses de los que toman las decisiones y otra cosa es que somos una sociedad extremadamente tolerante que no rechaza esos abusos”, manifestó.
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Blindaje
El 29 de agosto, la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ( Maccih) envió al Poder Legislativo un análisis que señalaba lo dañino que era el nuevo Código Penal aprobado por los congresistas y publicado en La Gaceta.La misión, a la cual el gobierno no le renovó su continuidad, fue categórica al señalar que la reducción de las penas a delitos de corrupción y narcoactividad era perjudicial para la sociedad hondureña.
“Esta reducción de la pena va en detrimento de los objetivos de la Maccih, como bien se señaló en la manifestación de organizaciones de sociedad civil y empresarios, del 28 de mayo de 2019', aseguró la unidad.
Y se mencionaron varios casos donde la nueva legislación favorecerá supuestamente a los implicados: “a los que ya han sido condenados en los casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o los que se encuentran en proceso penal de lo que antes fue la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Viviendas (Soptravi), ex primera dama de la nación, entre otros”.
Ellos, amplían en el documento, “podrán gozar de penas piadosas en la eventualidad de ser condenados y en los casos que ya cuentan con sentencia condenatoria firme, podrán presentar recursos extraordinarios como ser la revisión, para que las altas magistraturas apliquen de manera retroactiva la ley penal más favorable”.
Para el empresario Adolfo Facussé, lo ideal es que ese código sea derogado totalmente o sino que el Legislativo dé más tiempo para su consenso, porque con este lío del coronavirus se ha dificultado cualquier discusión e intercambió.” Que se aprueba una prórroga hasta que termine la emergencia y luego se den tres meses más para que sea consensuado con todos los sectores”.
Hay muchas objeciones de todos los sectores, se han satisfecho algunas peticiones, pero generalmente su entrada en vigor tendría un impacto muy perjudicial.
“Es que lo grueso de esta cosa es la reducción de las penas a los delitos de corrupción y narcotráfico que es lo que la gente objeta, y después una serie de condicionantes y luego las prescripciones para liberarse de ese montón de acusaciones. Es como un cheque en blanco para los corruptos y eso no es correcto”, dijo el empresario.
A su criterio, si el Poder Legislativo no extiende la prórroga “sería una mala anotación para ellos. Ya tienen un problema con los que les dejó la Maccih que dijo que había un buen número de diputados corruptos, y su accionar terminaría de dar la razón”.
“Si dejan entrar en vigor ese código buscando escapar de sus fechorías, tarde o temprano les va a traer repercusiones o represalias posiblemente de otros países, -advirtió el empresario- recuerde que en el juzgado de Nueva York siguen procesando casos, porque los señores que se fueron para allá llevaron guitarra y siguen cantando y los acusados siguen delatando a sus cómplices y al final van a llegar a donde corresponde”.
'Estas es una situación que les agrega a ese mal nombre que se hicieron para capearse las sanciones”, sentenció Facussé.
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