TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A medida que quedan menos días para que el nuevo
Código Penal entre en vigencia cada vez son más los sectores de la sociedad que se unen y cierran filas en contra del controversial conjunto de normas.
La exigencia de la empresa privada, iglesia así como organizaciones civiles es que este marco legal no entre en vigor y se proceda a derogarlo en su totalidad por disminuir las penas para diversos delitos, tal y como lo ha constatado EL HERALDO.
Son 25 días calendario los que restan para que llegue el día en el que el denominado “Código Penal de la Impunidad” quede vigente, sustituya al instrumento jurídico de data de 1983 y sean beneficiados todos los encausados que están en pleno proceso judicial, incluyendo aquellos que ya fueron condenados.
A través del decreto legislativo 130-2017 con fecha 10 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta esta normativa que consta de 635 artículos y en cuya última disposición establece que este Código entrará en vigor seis meses después de su promulgación.
Lo anterior implica que la vacatio legis, es decir el período que transcurre desde la divulgación de una norma hasta su entrada en vigencia, solo sería de medio año y que en un inicio había quedado en doce meses.
Sin embargo, se redujo este término a la mitad mediante una moción de reconsideración aprobada en el Congreso Nacional.
La ampliación de la vacatio legis de esta normativa ha estado en la palestra en los últimos meses e incluso desde el Poder Judicial se ha instado al CN para extender este lapso.
Un proyecto de decreto contentivo de reformas al nuevo Código fue introducido en la cámara legislativa, pero se requiere de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), previo a proceder a su discusión y aprobación por el pleno de diputados.
A través de un video publicado en las redes sociales del organismo de la sociedad civil y en el que aparece la titular del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa se convocó a una movilización que saldrá a partir de las 9:00 AM de las instalaciones del CNA hacia el Legislativo para la entrega de esta proposición.
De acuerdo con el artículo diez de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, al menos tres mil rúbricas de ciudadanos se requieren para presentar una iniciativa ciudadana al CN, mismas que serían verificadas por el Registro Nacional de las Personas (RNP) en un plazo no mayor a 15 días.
Un total de 86 votos favorables (mayoría calificada) se requieren para aprobar este mecanismo, una vez que se le haya dado trámite por la Secretaría del órgano unicameral.
En caso de cumplirse los tiempos, quedaría un margen de diez días para que una comisión dictamine la proposición y luego sea sometida a debate entre los congresistas.
En la bancada del Partido Nacional podría no tener apoyo esta iniciativa si va orientada a la abrogación de la herramienta debido a que consideran que no todo es negativo dentro de su articulado.
La exigencia de la empresa privada, iglesia así como organizaciones civiles es que este marco legal no entre en vigor y se proceda a derogarlo en su totalidad por disminuir las penas para diversos delitos, tal y como lo ha constatado EL HERALDO.
Son 25 días calendario los que restan para que llegue el día en el que el denominado “Código Penal de la Impunidad” quede vigente, sustituya al instrumento jurídico de data de 1983 y sean beneficiados todos los encausados que están en pleno proceso judicial, incluyendo aquellos que ya fueron condenados.
A través del decreto legislativo 130-2017 con fecha 10 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta esta normativa que consta de 635 artículos y en cuya última disposición establece que este Código entrará en vigor seis meses después de su promulgación.
Lo anterior implica que la vacatio legis, es decir el período que transcurre desde la divulgación de una norma hasta su entrada en vigencia, solo sería de medio año y que en un inicio había quedado en doce meses.
Sin embargo, se redujo este término a la mitad mediante una moción de reconsideración aprobada en el Congreso Nacional.
La ampliación de la vacatio legis de esta normativa ha estado en la palestra en los últimos meses e incluso desde el Poder Judicial se ha instado al CN para extender este lapso.
Un proyecto de decreto contentivo de reformas al nuevo Código fue introducido en la cámara legislativa, pero se requiere de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), previo a proceder a su discusión y aprobación por el pleno de diputados.
Vea: Código Penal reduce penas en delitos de alto impacto en Honduras
Iniciativa ciudadana
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentará mañana ante el Congreso una iniciativa ciudadana en contra de la vigencia de esta nueva legislación, la cual estará acuerpada con más de 7,000 firmas de personas.A través de un video publicado en las redes sociales del organismo de la sociedad civil y en el que aparece la titular del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa se convocó a una movilización que saldrá a partir de las 9:00 AM de las instalaciones del CNA hacia el Legislativo para la entrega de esta proposición.
De acuerdo con el artículo diez de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, al menos tres mil rúbricas de ciudadanos se requieren para presentar una iniciativa ciudadana al CN, mismas que serían verificadas por el Registro Nacional de las Personas (RNP) en un plazo no mayor a 15 días.
Un total de 86 votos favorables (mayoría calificada) se requieren para aprobar este mecanismo, una vez que se le haya dado trámite por la Secretaría del órgano unicameral.
En caso de cumplirse los tiempos, quedaría un margen de diez días para que una comisión dictamine la proposición y luego sea sometida a debate entre los congresistas.
En la bancada del Partido Nacional podría no tener apoyo esta iniciativa si va orientada a la abrogación de la herramienta debido a que consideran que no todo es negativo dentro de su articulado.
Por otro lado, delegados de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expusieron ayer un análisis sobre el nuevo Código Penal y emitieron un pronunciamiento en el que solicitan la ampliación de la vacatio legis al igual que generar un diálogo amplio para consensuar enmiendas integrales que favorezcan a la sociedad.
