Los 25 miembros de la Policía Nacional suspendidos a efectos de investigación por su presunta participación en crímenes de alto impacto no ocuparán posiciones estratégicas u operativas para no ser sometidos al proceso de evaluación dentro de la institución armada.
Así lo anunció el secretario de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía hondureña, Omar Rivera, quien expresó que 'a ellos no se les va a ubicar en posiciones protagónicas, estratégicas, operativas en este momento y se someterán a la evaluación de su expediente en función de la información que tenemos, la cual es abundante'.
'Algunos de ellos sí eran mencionados en varios de los casos que remitímos al Ministerio Público, pero esa es una situación del orden de persecución penal, eso le corresponde valorar al Ministerio Público oportunamente', agregó.
Luego de los cuatro meses de suspensión de estos uniformados que establece la Ley Orgánica del cuerpo del orden, los agentes policiales deberán ponerse ahora a disposición de la comisión depuradora que procederá determinar su futuro vía administrativa.
El lunes trascendió un rumor relacionado a la ratificación en sus cargos de los policías sospechosos de haber estado involucrados en los asesinatos del zar antidrogas, Julían Arístides González Irías y el exasesor de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Alfredo Landaverde.
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'Nosotros tenemos mucha otra información de carácter administrativo, disciplinario sobre su conducta, perfil profesional, elementos que han surgido de la recopilación de datos, informes que nos suministraron que tenemos que valorar administrativamente para determinar si ellos son idóneos para incorporarse a la nueva estructura policial y si es oportuno que sigan prestando su servicio', detalló Rivera.
Enfatizó que el futuro de esos integrantes de la institución armada no solamente depende de esos informes o las valoraciones que realice el ente acusador del Estado o la misma comitiva nombrada por el Poder Ejecutivo para el saneamiento de la Policía hondureña.
El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) aseguró que se siente frustrado por la lentitud histórica con la que se ha tratado estos casos emblemáticos, pero confía que en su momento las autoridades competentes concluirán las investigaciones para judicializar a los responsables.
'Eso no evita que por la vía administrativa la Comisión Especial y el secretario de Seguridad tomemos las decisiones que en el marco de la ley el presidente de la República nos ha delegado', concluyó.
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