Olancho, Honduras
Los bienes y el ganado que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) le entregó a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes fueron manejados por la oficina de las escuelas de campo de manera totalmente independiente a la administración de la Universidad.
El Programa de Escuelas de Campo surge en 2011, sin embargo, no se encuentra documentada su aprobación por parte del Consejo Directivo Universitario (CDU), dependiendo exclusivamente de la sección de Pastos y Forrajes del Departamento Académico de Producción Animal y del Rector, establece el informe de la Comisión Interventora.
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Debido a denuncias sobre mal manejo de estos bienes y fondos OABI, el 11 de diciembre de 2016 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresó a la UNA y decomisó documentación en la oficina de Pastos y Forrajes, pero a la fecha no ha presentado ningún informe o algún requerimiento.
La universidad está a cargo de la finca Palos Blancos, ubicada en Cofradía, Cortés; El Coco y Zamora en Colón, Las Piedras en San Esteban, así como de propiedades de la familia Amador Godoy, entre otras.
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La OABI coordina, bajo la figura legal de comodato, a través de la Oficina del Programa de Escuelas de Campo de la Universidad, todas las acciones y procedimientos relacionados con la donación o préstamo de ganado, bienes inmuebles, vehículos, maquinaria agrícola y terrenos incautados.
Sin embargo, “la Oficina de las Escuelas de Campo ha administrado el ganado y los bienes de manera totalmente independiente a la Administración de la Universidad”.
De acuerdo con el documento, la (OABI) realizó la dotación de vehículos, equipo y maquinaria agrícola, menaje y fincas productivas a la universidad para fortalecer sus diferentes departamentos académicos y administrativos.
Pero fue complicado para la Comisión inventariar estos bienes en vista de la renuencia del personal que los tenía a su cargo. Hay conocimiento de que muchos de los vehículos han sido utilizados a título personal por los empleados.
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De las 4,185 cabezas de ganado que la OABI le entregó a la UNA para su administración se “perdieron” 228 reses, otras 218 presuntamente se “murieron” y 1,938 fueron vendidas, teniendo actualmente en existencia 1,801.
Parte importante de las reses han sido entregados a ganaderos locales, sin ser inventariado tampoco por la administración central de la UNA ni agregado a la contabilidad de la universidad.
Se supone que el 50% de los beneficios logrados por esos productores en aumento de peso y número de nacimientos se entregaría a la UNA, pero no hay un control en la administración central que permita la verificación de esos acuerdos.
Aunque se reporta que ingresos provenientes de la venta de ganado han sido enterados a la institución, los mismos han sido colocados en una cuenta general de gastos, dificultando su rastreabilidad.
Los empleados que trabajan en las fincas, dispersas en varios departamentos del país, no son empleados de la UNA y se supone que deben de estar siendo pagados con los fondos que generan las mismas fincas, pero se observa que han existido erogaciones de fondos para las fincas, originadas en la Universidad, lo cual alimenta la idea de que existen ciertos costos hundidos que pueden estar afectando la liquidez de este centro de estudios.
No hay información sobre costos que permita demostrar que la operación ganadera de producción de carne y de leche con recursos de la OABI, finca por finca, es rentable económica y financieramente para la UNA. Tampoco es claro en qué porcentaje de esa producción de leche y de carne ha estado contribuyendo a la sostenibilidad alimentaria de los estudiantes.
Quizás el aspecto más difícil del proyecto OABI radica en la naturaleza de esas propiedades, ganado, vehículos y maquinaria, provenientes de la incautación de bienes a personas acusadas de narcotráfico.
En algunos casos, las familias que se encuentran litigando contra la OABI para lograr la devolución de sus bienes se preocupan por el cuidado de sus semovientes. Por su parte, el personal de la universidad manifiesta temor de visitar esas propiedades para cuidar y alimentar el ganado y demás animales ya que se sienten amenazados.
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En cuanto a la maquinaria, vehículos y equipo, se encuentran distribuidos en diferentes fincas, en la UNA y afuera de la misma, sin un control por parte de la oficina de bienes, ni sobre su utilización y su mantenimiento.
En vista de la lejanía geográfica de algunas de esas fincas y del alto nivel de peligrosidad en otras, no se puede afirmar que este programa ha contribuido significativamente a la formación profesional de los estudiantes.
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Por todo lo anterior es necesaria una auditoría detallada de esos bienes que permita decidir sobre la devolución o no de los mismos a la OABI porque estos bienes, además de utilizar recursos financieros, humanos, institucionales y de ocasionar inseguridad e incertidumbre para la institución y su personal docente, estudiantil y administrativo, poseen poca o nula relación con la docencia y en temas de trabajo de campo, investigación y extensión que perfectamente pueden realizarse tanto en el campus central y en centros regionales que se crearen a futuro, dice el informe.
Extensión universitaria
Las escuelas de campo son el método de extensión en la UNA y surgen como un enfoque dirigido al desarrollo integral del recurso humano en el campo. Estas tienen el propósito de crear un ambiente de aprendizaje.
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Sin embargo, los docentes y estudiantes de la UNA, en su mayoría, no conocen la metodología de estas escuelas. La vinculación con la universidad ha sido muy limitada. Se encontró que la verdadera metodología de este proyecto se deformó, promoviendo dependencia y volviéndose un programa asistencialista.
En el 2011 se inició con 15 escuelas de campo y para el 2016 había 213 con presencia en 17 departamentos. El financiamiento de algunas no se sabe de dónde procede. En este programa laboran 50 docentes, de los cuales 22 están por contrato, 14 son consultores y dos son pasantes universitarios. De estos funcionarios, 17 cuentan con vehículo asignado.
Después de cinco años de funcionamiento no existen evaluaciones confiables que puedan certificar los posibles impactos de las Escuelas de Campo. Asimismo no tiene sostenibilidad económica, por lo que la UNA tiene que recurrir al uso del presupuesto asignado por el Estado, aun no estando presupuestado.
Escoto: Que llamen a los responsables
Él no firmó ningún convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados, respondió el exrector de la Universidad Nacional de Agricultura, Marlon Escoto.
Así contestó Escoto ante la consulta sobre la supuesta mala administración de los bienes que la OABI le trasladó a la universidad para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
“Yo no firmé el convenio con la OABI ni era sus administrador. Cualquier detalle fuera del convenio debe ser deducido a los responsables por las entidades correspondientes”.
Según documentación de la Universidad de Agricultura, la Oficina de Pastos y Forrajes en la gestión de Escoto estaba coordinada por el señor Kenny Nájera.
Acerca de las 213 escuelas de campo que han venido funcionando sin un presupuesto y sin mayores beneficios para la formación académica, Escoto expresó que estas “funcionan producto de la gestión anual. Tienen como tarea buscar recursos anuales con entidades afines, entidades públicas, privadas y de cooperación”.
Escoto evadió la pregunta sobre su temor ante las investigaciones que la ATIC está realizando sobre el manejo de los bienes que la OABI le entregó a la universidad manifestando: “Yo ejecuté el presupuesto de la UNA de junio de 2016 a enero de 2017”, asegurando que la Comisión Interventora perdió la capacidad de generar recursos propios y recibir fondos adicionales del gobierno y de la cooperación.
