El Consejo de la Judicatura anunció este martes la suspensión de la jueza Nelly Martínez, quien será investigada por la dilatación del proceso contra el exfuncionarios de la administración Zelaya señalados por malversación de casi 500 mil dólares para el proyecto político 'Cuarta urna'.
Martínez es la encargada del caso incoado por el Ministerio Público de Honduras contra el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el exgerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actual regidor municipal, Rafael Barahona.
Por instrucción del Consejo de la Judicatura, la Inspectoría de Tribunales dio inicio hace varias semanas a una revisión de casos en los que se registran retrasos por la interposición de recursos o por determinaciones de los jueces.
La decisión fue adoptada a raíz de un informe presentado por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional de Honduras, encargada de verificar los avances en casos emblemáticos de corrupción, mediante el cual se señalaba en el caso particular de Flores Lanza que 'es evidente un retardo malicioso de la justicia tanto por el uso abusivo de los recursos legales por parte de la defensa los cuales han sido permitidos con tolerancia ilegal por parte de los jueces que han conocido la causa'.
En la certificación del informe presentado por la Inspectoría de Tribunales, el Consejo de la Judicatura resolvió 'que se suspenda de forma provisional sin que esta suspensión constituya una sanción para el investigado, a la servidora judicial: Nelly Lizeth Martínez Martínez, Jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán'.
En la audiencia de declaración de imputado programada para la semana pasada contra Flores Lanza y Barahona, el abogado del primero, Raúl Suazo, presentó un recurso de excepción denegado por Martínez; sin embargo, después interpuso una recusación en contra de los fiscales, aduciendo enemistad manifiesta hacia su cliente.
En el curso del proceso, el expediente fue turnado al Ministerio Público, donde se resolvió que no existe fundamentos para la recusación y que los fiscales continuarán conociendo el caso.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que el informe de la inspectoría señala que si bien la juez debió admitir el recurso presentado por la defensa de Enrique Flores Lanza, no procedía suspender la audiencia de declaración de imputado al sospechoso, provocando una dilatación del proceso.
La suspensión provisional de la funcionaria judicial fue decidida 'por unanimidad de votos', aseguró Duarte.
Juan Pablo Aguirre, inspector general de Tribunales, indicó que a raíz de reprogramaciones de audiencias, audiencias iniciales, preliminares y de declaración de imputados, 'se ordenaron las diligencias e investigaciones encaminadas a verificar las razones o motivos que tuvo cada juez para suspender las respectivas audiencias', entre ellas las correspondientes a casos identificados por la comisión multipartidaria.
Aguirre apuntó que el informe presentado ante el Consejo de la Judicatura corresponde solo a la capital de Honduras, pero que equipos de inspectores se han desplazado a otras ciudades como San Pedro Sula para la elaboración de los respectivos reportes.
