Comayagua, Honduras
El transporte ilegal de árboles y otros productos forestales en los bosques de Comayagua no se detiene. Son miles de metros cúbicos de madera que son extraídos de las montañas de varios municipios.
Según datos del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para mediados de 2016 entre los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá se contabilizó que más de 66 mil hectáreas de bosque desaparecieron debido a incendios forestales, corte para uso comercial y por daños a consecuencia de la plaga del gorgojo descortezador.
En 2016, más de 25 mil hectáreas que antes eran suelo forestal de los departamentos de Comayagua y La Paz se convirtieron en fincas de café, otro delito ambiental que el ICF no ha podido controlar.
Detenciones
En los últimos tres años se han detenido 140 personas por los delitos de incendio y descombros en áreas forestales, aprovechamiento ilegal de producto forestal y transporte ilegal de producto y subproducto forestal.
Según la base de datos de la Fiscalía del Ambiente en el 2015, hubo 42 personas imputadas por estos delitos, en 2016 la cifra aumentó a 76 personas detenidas.
Este año, de enero a la fecha, el número detenciones por daños forestales es de 22 personas.
“Podemos observar que en 2016 incrementó el número de personas detenidas porque entró en funcionamiento la Fuerza de Tarea Ambiental y con la Fiscalía del Ambiente se inician recorridos permanentes por los municipios”, explicó Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público.
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La Fuerza de Tarea Forestal que hace las inspecciones en los municipios está integrada por miembros de la Dirección de Investigación Policial (DPI), un técnico forestal Ministerio Público, fiscal del Medio Ambiente y elementos de las Fuerzas Armadas.
Ávila manifestó que al encontrar personas cometiendo un delito la Fuerza de Tarea Forestal procede en el mismo lugar a realizar la detención, hacer la ubicación de la madera talada, y elaborar el expediente para luego iniciar el proceso legal.
La sanción a los imputados es una multa que varía según el área talada, ya que se calcula en base a tres veces el valor de la madera decomisada que debe pagar en la Procuraduría General de la República (PGR)y además el imputado debe reforestar el área afectada y cuidar las plantas durante tres años.
Los municipios donde se da la mayor de tala de árboles y transporte ilegal de madera son Minas de Oro, Esquías, La Libertad, Las Lajas y Comayagua en la parte del Parque Nacional Montaña de Comayagua (Panacoma).
Como un paliativo a la destrucción de las reservas naturales, el ICF pretende reforestar siete microcuencas en los departamentos de La Paz, Comayagua e Intibucá, con 650 mil plantas que serán distribuidas en 24 municipios.
