Tegucigalpa, Honduras
El proyecto de la nueva tarjeta de identidad tendrá un costo de 60 millones de dólares (1,320 millones de lempiras) y dará inicio en los próximos días, anunció ayer el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato.
De esta forma, el funcionario despejó la incógnita que se había generado en torno a este millonario programa de identificación, en virtud que algunos sectores alegaban que no se llevaría a cabo, por un lado, por falta de voluntad política y, por otro, por el alto costo que representa.
Cerrato precisó que el proyecto se financiará en un 45 por ciento (594 millones), con fondos nacionales, un 40 por cierto (528 millones) mediante un préstamo que ya está en trámite con un banco de desarrollo extranjero cuyo nombre no fue revelado y un 15 por ciento (198 millones) que serán donados por la Comunidad Europea.
Los fondos propios tienen su base en el presupuesto que se le asignó al Registro Nacional de las Personas (RNP) el año pasado y en la nueva asignación que se le hará a esta entidad para el período fiscal 2016.
“Cuando enviamos el presupuesto 2016 ya el Registro Nacional de las Personas incluía una partida para este proyecto. Esa partida -después de hacer un nuevo análisis- no completa todo el valor de la inversión, por lo que nos hemos puesto creativos y hemos encontrado recursos dentro del presupuesto de este año”, dijo Cerrato.
“Por eso es bueno cuando hay disciplina, cuando uno va generando ciertos espacios, porque finalmente, al final de año, siempre vienen muchas emergencias como estas”, añadió.
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“El presupuesto para este proyecto tan importante de identificar a las personas lo vamos a implementar con el presupuesto que lleva la institución para el 2016 y el espacio presupuestario que hemos encontrado para este año 2015”.
Luego dijo: “También hemos tenido contacto con la Comunidad Europea, para que a través de donaciones pueda contribuir”.
Cerrato informó que “la meta es sacarlo adelante iniciando le ejecución en este último trimestre”.
No dio detalles Cerrato sobre la forma en que el proyecto de identificación de casi ocho millones de hondureños se va a ejecutar, si mediante una licitación pública internacional, contratación directa o mediante otro mecanismo.
Fue el secretario general del RNP, Fernando Anduray, quien el viernes de la semana pasada dio a entender que no hay tiempo para llevar a cabo una licitación pública internacional, porque ello implica cuatro meses en trámites y el plan está concebido para 14 meses que vencen en febrero de 2017, un mes antes de las elecciones primarias.
“No podemos gastar tres meses o cuatro meses en un proceso de licitación pública internacional, de repente con algún organismo internacional, con el Consejo Anticorrupción o con la Sociedad Civil se pueda hacer un proceso rápido supervisado por ellos para evitar los problemas de contaminación”, expuso Anduray.
Seguramente, la forma en que se implementará el proyecto genererá polémica, especialmente entre la clase política opositora.
El dirigente Julio Quintanilla, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), declaró que su partido sigue demandando una licitación pública internacional.
“El Partido Liberal apoya un proceso de licitación internacional transparente, porque no hay empresas aquí, y si las hay, no creo que estén en capacidad de hacer la emisión de esas tarjetas”, expresó.
Jari Dixon, diputado y miembro de la Comisión Política del Partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que la nueva identidad es necesaria pero hay que tener cuidado con andar diciendo que no habrá licitación internacional.
“El tiempo son ellos los que lo han dejado pasar, que no le echen la culpa a los otros partidos de oposición”, dijo Dixon.
El proyecto de identificación está dividido en dos etapas: en un año se hará la actualización de los datos de los hondureños y de octubre a febrero del próximo año se emitirá y distribuirá el documento.
