TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “El accionar de la delincuencia común y organizada no se ha detenido en los municipios en donde se estableció el estado de excepción”.
Esa es la conclusión del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente que abogó por la implementación de una estrategia integral de seguridad.
Según el Conadeh, lo que hay es “un incremento sustancial de violaciones a los derechos humanos desde que se instauró la medida, en diciembre del 2022”.
“Consideramos que el estado de excepción, si bien es una medida excepcional, a más de un año de su puesta en marcha, no ha tenido los resultados positivos que prometieron las autoridades encargadas de la seguridad en el país”, dijo Ricardo López, Delegado Adjunto II del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Agregó que el Estado hondureño, a través de la Secretaria de Seguridad, “debería realizar un análisis más a profundidad de los resultados obtenidos hasta ahora”.
Hay que recordar que ante la grave situación de violencia criminal común y organizada, en diciembre del 2022, el gobierno hondureño decretó estado de excepción para hacerle frente a delitos como la extorsión y restablecer la paz y el orden, preservar la vida y luchar contra la impunidad que gozan las personas que se dedican a cometer actividades delictivas.
Sin embargo, durante este periodo se incrementó la muerte violenta de mujeres al registrarse más de 400 víctimas, 46 de ellas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que estaban bajo el resguardo de autoridades del Estado hondureño.
Aunado a lo anterior, 14 departamentos del país fueron escenario del asesinato múltiple de personas. Al menos, 52 masacres se registraron desde la puesta en marcha del estado de excepción de ellas 5 en diciembre del 2022, 44 en el 2023 y 3 en lo que va de 2024, que dejaron como saldo alrededor de 233 personas muertas, entre hombres, mujeres y niños.
“Hemos visto, en enero, la muerte violenta de mujeres y, todo esto, pone en una situación de alerta a la población en general y, sobre todo, a las instituciones de derechos humanos en vista que se están vulnerado los derechos de las personas en el país”, establece el Conadeh.
López detalló que, producto del seguimiento y monitoreo al estado de excepción, el Conadeh ha emitido una serie de recomendaciones a las autoridades hondureñas ya que desde la suspensión de garantías constitucionales atendió más de 361 quejas contra los cuerpos de seguridad del Estado.
Las quejas fueron presentadas contra agentes y oficiales de la Policía Nacional Preventiva (PNP), Dirección Policial de Investigación (DPI), Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y contra la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
La mayor parte de las quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se enmarcan en el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos sin orden judicial, daños a la propiedad privada, incriminación sin motivos comprobables o con pruebas aparentemente falsas.
